Las ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha experimentaron un significativo aumento en el segundo trimestre de 2025, alcanzando un total de 297 según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento del 53,09% respecto al primer trimestre, cuando se registraron 194 ejecuciones, ha puesto de relieve la vulnerabilidad económica en la región.
Del total registrado, 195 ejecuciones correspondieron a viviendas habituales. De estas, 143 afectaban a personas físicas mientras que 52 a personas jurídicas. Además, se realizaron 10 ejecuciones sobre solares y 48 sobre otras propiedades urbanas. En comparación con los primeros tres meses del año, estas cifras representan un crecimiento del 36,36%, que había registrado solo 143 ejecuciones.
A nivel nacional, el panorama también mostró un notable ascenso con 6.407 ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre, lo que representa un aumento del 15,8% respecto al trimestre anterior y un 14,9% frente al mismo periodo del año pasado. De estas, 6.058 correspondieron a fincas urbanas, que incluyen las viviendas, y 349 a fincas rústicas, experimentando un incremento trimestral del 6,1%, aunque una ligera disminución interanual del 2,5%.
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales alcanzaron las 2.902, con un aumento del 19,6% respecto al trimestre anterior y un 28,1% más que en el mismo trimestre de 2024. Las fincas urbanas registraron 4.133 ejecuciones, lo que supera en un 20,5% las cifras del trimestre anterior y un 27,8% las del año anterior para el mismo periodo.
En cuanto a las viviendas de personas físicas, las ejecuciones alcanzaron las 3.522, lo que implica un incremento del 20,2% frente al trimestre anterior y un 28,1% más frente al mismo trimestre del año pasado. Las viviendas de personas jurídicas también vieron un aumento del 22,4% comparado trimestralmente y un 26% interanual, totalizando 611 ejecuciones.
Por último, las ejecuciones sobre solares mostraron un incremento notable del 34,1% durante el trimestre de abril a junio, alcanzando un total de 228. Esto representa un aumento interanual significativo del 123,5%.
Este escenario plantea un desafío tanto para las familias afectadas como para las instituciones regionales y nacionales, que deberán buscar soluciones para mitigar el impacto social y económico de este fenómeno creciente.
