Los delegados de Comisiones Obreras (CCOO) en Geacam Guadalajara han exigido la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, debido a lo que describen como una «gestión negligente» del dispositivo de incendios forestales. Esta petición surge en un momento crítico, ya que la provincia enfrentaba una ola de calor en septiembre con solo el 29% de sus medios operativos disponibles para combatir incendios.
Durante la madrugada de este martes, se activaron los retenes de Montes Claros y Vado para controlar un incendio declarado en Peñalba de la Sierra. Sin embargo, según los delegados sindicales, este fuego podría haberse originado el sábado por la noche, y no hubo ningún dispositivo en las primeras ocho horas tras el inicio del incendio. Critican que, en vez de utilizar los recursos locales, se optó por movilizar medios de otras provincias como Cuenca y Ciudad Real.
Iñaqui Blanco, delegado sindical de CCOO en Geacam, expresó su frustración diciendo: «Igual que están trayendo medios de otros sitios, no activan los que tienen cerca». Subrayó que la intervención fue limitada porque los retenes más cercanos, situados a solo 12 y 14 kilómetros, no estaban disponibles, lo que dificultó contener el fuego en su fase inicial.
Blanco, junto a otros delegados, criticó el modelo actual de desactivación de retenes, que se basa en el Índice de Propagación Potencial (IPP) sin considerar las condiciones reales de riesgo. Afirmaron que en Guadalajara menos de uno de cada tres retenes están operativos, lo que compromete la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias.
El incendio de Peñalba, presuntamente provocado por un rayo, sigue en nivel 1 de alerta. Los retenes activados llegaron tarde debido a su inicial exclusión, destacó Eduardo Medina, otro delegado de CCOO, quien insistió en la necesidad de tener medios activos para una rápida respuesta: «Si no tenemos medios activados, no tenemos una actuación rápida y no se quedan en conato».
El sindicato ha exigido no solo la dimisión de la consejera, sino también la implementación de una campaña fija que mantenga todos los retenes operativos desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Argumentan que la actual gestión de recursos es inadecuada y supone un peligro, demandando cambios urgentes en el modelo implantado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues consideran que esta situación pone en riesgo los recursos públicos y la seguridad de la población.
