Ecologistas Piden al Gobierno de C-LM Responsabilidades por Anulación del Reglamento de Caza

Ecologistas exige al Gobierno de C-LM asumir responsabilidades políticas tras la anulación del Reglamento de Caza

Ecologistas en Acción ha manifestado su disconformidad con el Gobierno de Castilla-La Mancha tras la anulación del Reglamento de Caza, responsabilizando al Ejecutivo regional de haber actuado consciente de la ilegalidad de sus decisiones. La organización ha exigido al gobierno que asuma responsabilidades políticas, las cuales deberían, según los ecologistas, incluir al menos una disculpa pública hacia la ciudadanía. Además, demandan un replanteamiento de la política cinegética y una verdadera apertura a la participación social en la creación de normativas con impacto ambiental.

En respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que anuló el Reglamento de Caza vigente desde marzo de 2022, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha iniciado un proceso de información pública sobre el proyecto del nuevo reglamento. El gobierno ha mantenido en vigor el reglamento anterior de 1993, considerado anticuado, mientras se elabora el nuevo decreto.

El nuevo reglamento está sometido a un periodo de participación pública de veinte días, que culminará el 17 de octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada de caza. Ecologistas en Acción critica que esta situación refleja un desprecio hacia la participación pública, alegando que el gobierno ha favorecido al lobby cinegético incorporando sus propuestas sin los informes necesarios del Consejo Regional de Caza y evitando el debate en otros foros relevantes. Esta falta de procedimientos correctos ha generado un impacto ambiental que podría perpetuarse si el nuevo reglamento se aprueba sin cambios significativos.

La organización ha instado a la Consejería a revisar el borrador del nuevo reglamento para evitar futuros daños al medio ambiente y fomentar un clima de colaboración y seguridad jurídica. Según Ecologistas en Acción, la publicación de las resoluciones en el Diario Oficial confirma implícitamente que su demanda tenía fundamento, evidenciando que las acciones del Gobierno de Castilla-La Mancha han estado fuera de la legalidad y han desconocido la necesaria participación pública.

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