La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido realizar una visita al Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real, programada para febrero. Este viaje tiene como objetivo evaluar los efectos de la prohibición de la caza, instaurada en 2020, la cual ha generado controversias por las denuncias sobre el supuesto descontrol de especies autóctonas que estaría dañando el hábitat del parque.
La decisión fue impulsada por la petición de un ciudadano español, quien ha alertado sobre la sobrepoblación de ciervos y jabalíes resultante de dicha prohibición, argumentando que esto afecta negativamente el ecosistema. Durante su intervención ante el Parlamento Europeo, el peticionario insistió en la necesidad de adoptar medidas de regulación, señalando que «los animales comen, crecen, se reproducen, mueren y enferman».
El ciudadano también subrayó la importancia de cumplir con la normativa de conservación comunitaria, advirtiendo que la degradación de Cabañeros repercutiría no solo en España, sino en el patrimonio natural europeo. Un representante de la Comisión Europea enfatizó que los planes de conservación deben proteger a las especies autóctonas, aunque destacó que esta cuestión debe resolverse en tribunales nacionales.
Los partidos PP y Vox han mostrado apoyo al peticionario, afirmando que el parque enfrenta un «deterioro alarmante», con problemas como la erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, incremento del riesgo de incendios y desaparición de especies valiosas. El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, criticó la «inacción» del Gobierno español y de la Junta de Castilla-La Mancha en la gestión del parque.
Mireia Borrás de Vox criticó a la Comisión Europea por ignorar problemas ambientales concretos y culpar al PSOE de un supuesto fracaso en las políticas de gestión del parque, atribuyéndolo a un «ecologismo radical».
En contraste, la eurodiputada socialista Cristina Maestre aseguró que no existen problemas de control de densidad de ungulados y defendió las políticas de caza de la Junta de Castilla-La Mancha. Destacó que las licencias de caza son gratuitas y que este sector contribuye con un 2,1% del PIB regional. Según Maestre, la sociedad de Castilla-La Mancha apoya y comprende la prohibición de caza en el parque.
