La presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, presentó la memoria judicial del año 2024 en el Palacio de Justicia de Albacete, destacando un aumento preocupante del 8,7% en los casos judiciales pendientes comparado con el año anterior, atribuido principalmente a la falta de jueces en la región.
A pesar del incremento en la resolución de casos, que creció un 25,9%, este esfuerzo no logra contrarrestar la acumulación y entrada de nuevos litigios, los cuales ascendieron un 14,6%. Durante el último año judicial, los tribunales resolvieron 263.460 asuntos, superando los 196.497 de 2023, aunque se registraron 283.872 nuevos casos.
Astray señaló que «los Tribunales han hecho un mayor esfuerzo resolutivo pero no son capaces de reducir el número de asuntos pendientes,» subrayando la insuficiencia de jueces, con solo 10 jueces por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja del país. El aumento de litigios se atribuye al crecimiento poblacional y una mayor presión judicial, especialmente en Toledo y Guadalajara.
A pesar de la apertura de nuevos juzgados y la incorporación de magistrados en diferentes áreas, Astray enfatiza la urgencia de crear 45 nuevas plazas de jueces y magistrados, argumentando la necesidad de recursos para cubrir un territorio extenso y complejo.
La jurisdicción social experimentó el mayor incremento con un 34,5% más de litigios, seguido por la civil con un crecimiento del 31%. La jurisdicción penal también aumentó cerca del 15%, y los Juzgados de Primera Instancia vieron un alza del 23,8%.
Además de la falta de jueces, Astray mencionó serios problemas de infraestructura en los Juzgados de Illescas y Talavera, donde las instalaciones insuficientes obligan a compartir salas y generan colas, afectando especialmente a víctimas de violencia de género. Destacó la necesidad urgente de mejorar infraestructuras y servicios, como salas con videoconferencia para proteger a personas vulnerables.
A pesar de las carencias presupuestarias, Astray mostró confianza en los profesionales de la judicatura y agradeció su esfuerzo, especialmente en temas de violencia de género y atención a víctimas vulnerables. Anunció reactivaciones y nuevos protocolos, además de expresar su preocupación por la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia, advirtiendo que su implementación requerirá un aumento significativo del presupuesto.
Finalmente, enfatizó la necesidad de cumplir con la ley, aunque insistió en propuestas financieras ambiciosas y un incremento en la plantilla para afrontar los graves desafíos que enfrentan.
