La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo un juicio este martes 30 de septiembre, en el que M.R.V. se enfrenta a cargos por un delito contra la intimidad, particularmente por la divulgación de datos clínicos de un paciente. La acusada, quien anteriormente trabajaba en el ya clausurado hospital Virgen de la Salud de Toledo, está siendo procesada por acceder indebidamente a la información médica de otra persona. La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión, junto con una inhabilitación absoluta durante ocho años.
El caso se remonta al 30 de enero de 2017, cuando M.R.V., aprovechando su posición como funcionaria pública en el hospital, accedió sin necesidad ni autorización a la historia clínica de M.G.J. y posteriormente compartió aquella información confidencial con un tercero. La afectada, M.G.J., había sido atendida en el Centro de Salud del Polígono de Toledo solamente dos días antes del incidente, el 28 de enero de 2017. No había otorgado consentimiento para que sus datos fueran revisados, lo que agrava la situación legal de la acusada.
Según la Fiscalía, los actos de M.R.V. constituyen un claro delito contra la intimidad. Por esta razón, además de la pena de prisión, se solicita una multa de veinte meses, calculada a un coste de 12 euros por día. En el caso de impago, se contemplaría un día de cárcel por cada dos cuotas diarias no satisfechas. También se persigue la inhabilitación absoluta de la acusada por un periodo de ocho años, impidiendo su ejercicio en cualquier posición pública durante este tiempo.
Este juicio no solo busca clarificar las responsabilidades individuales de M.R.V. sino también subrayar la importancia de la protección de los datos sensibles de los pacientes, recordando a los profesionales del sector sanitario sus obligaciones éticas y legales en la gestión de esta información.
