El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha logrado un consenso total al decidir solicitar a la Junta de Comunidades una moratoria de al menos cinco años en la aplicación del canon por pérdidas de agua. Este canon está contemplado en la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha y su postergación pretende aliviar la carga económica que supone para los ayuntamientos, permitiéndoles invertir en la modernización de sus infraestructuras hídricas sin el impacto inmediato de los costos por agua perdida.
Rocío Zarco, portavoz del gobierno, destacó la significativa carga financiera que el canon representaría especialmente para los ayuntamientos en zonas rurales, que cuentan con infraestructuras hídricas deficientes. En respuesta a esta preocupación, la Diputación ha desembolsado más de 20 millones de euros para mejorar las redes municipales y tiene planeado añadir 35 millones más en el presupuesto de 2025.
Por su parte, José Manuel Bolaños, representante del grupo socialista, aunque se mostró a favor de la moratoria, señaló que las inversiones actuales son insuficientes. Según Bolaños, la provincia necesita al menos 130 millones de euros para una renovación efectiva de sus redes hídricas.
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, expresó su desacuerdo con el canon por considerarlo una doble imposición sobre los municipios. En sus declaraciones, instó a la «sensatez y tiempo» para que los ayuntamientos puedan ajustarse, sin tener que trasladar los costos a los ciudadanos. Valverde también solicitó que los ingresos derivados del canon se inviertan directamente en obras municipales.
En otro orden de cosas, el pleno también aprobó el II Plan de Igualdad para el Personal al Servicio de la Diputación de Ciudad Real, que estará en vigor de 2025 a 2029. Esta medida, junto con la actualización del protocolo contra el acoso sexual en la institución, busca garantizar la igualdad de oportunidades y mantener los compromisos de equidad asumidos por la entidad provincial.
