La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha confirmado el desembolso de 102 millones de euros por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Esta cantidad, destinada a 23.600 explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia, corresponde al anticipo de la Política Agraria Común (PAC), representando un importante alivio para el sector.
No obstante, el futuro de la PAC está en entredicho debido a propuestas de la Comisión Europea. La presidenta Úrsula Von der Leyen y el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, han sugerido un recorte del 22% en el primer pilar de la PAC, algo que Fernández califica de «barbaridad». Esto significaría una pérdida de 22 millones de euros para los agricultores y ganaderos de Ciudad Real, afectando una economía local ya de por sí dependiente del sector primario.
Además de estos recortes, se planea eliminar el segundo pilar de la PAC, que respalda la modernización de las explotaciones, la incorporación de jóvenes agricultores y otras iniciativas vitales como la prevención de incendios forestales.
Blanca Fernández ha subrayado el impacto de estas medidas en proyectos estratégicos en Ciudad Real. El Gobierno de Emiliano García-Page ha invertido 23 millones de euros en 50 proyectos, con un total de 70 millones de inversión en el marco de programas como VINATI y Focal, los cuales podrían estar en riesgo.
Ante esta situación, la delegada ha hecho un llamamiento a la unidad de cooperativas, organizaciones agrarias y partidos políticos para defender juntos el sector. Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de COOVIMAG, Fernández destacó la importancia del sector cooperativo. COOVIMAG, con 1.300 socios y una facturación de 12 millones de euros, es ejemplo del potencial agrario en Castilla-La Mancha.
Fernández también anunció el desarrollo de un plan estratégico para el relevo generacional en el sector cooperativo, esencial para su sostenibilidad futura, dado que el 68% de los agricultores son mayores de 65 años y solo el 9% son jóvenes. Esta medida busca asegurar que la agricultura no solo forme parte del legado cultural, sino que continúe siendo un motor económico esencial para la región.
