Toledo, 26 de noviembre de 2025.- En una medida orientada a fortalecer la protección de los consumidores en la región, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un proyecto de Ley que revisa el Estatuto regional de las personas consumidoras. Esta actualización, que busca alinearse con los cambios recientes en la normativa estatal y europea, se centra especialmente en ajustar el régimen sancionador para ofrecer una protección más eficaz a los compradores y usuarios.
La consejera Portavoz, Esther Padilla, destacó la necesidad de esta reforma al mencionar los cambios significativos en la legislación básica estatal que habían dejado desajustada la normativa autonómica. Con esta armonización, se pretende evitar contradicciones y mejorar la normativa local al definir con mayor claridad situaciones de conflicto que en regulaciones más generales quedan abiertas a interpretación.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es la concreción de términos que anteriormente generaban ambigüedades. Expresiones como “falta de información suficiente” o “atención insuficiente” han sido sustituidas por definiciones más precisas para eliminar subjetividades. Entre las situaciones específicas ahora contempladas se incluyen la falta de entrega de hojas de reclamaciones, la ausencia de un presupuesto por escrito, retrasos en reparaciones, cancelaciones sin previo aviso y negativas a gestionar garantías, entre otras.
Padilla subrayó también el refuerzo de los criterios sancionadores frente a abusos graves. La norma redefinida establece con mayor precisión cuándo una infracción se clasifica como grave o muy grave. Ejemplos concretos, como interrupciones injustificadas de servicios básicos, o el incremento abusivo de precios durante emergencias, ilustran esta claridad buscada, que busca superar incluso a la normativa estatal o europea en términos de precisión.
La actualización no solo revisa el sistema sancionador, sino que también mantiene sanciones accesorias, tales como el cierre temporal de establecimientos o la restricción de acceso a ayudas públicas en casos de reincidencia, medidas que Padilla considera eficaces contra prácticas abusivas.
La eliminación de ambigüedades y la especificación de los conceptos que determinan infracciones sobresalen como otro bloque de mejoras importantes. Según Padilla, estas precisiones facilitan la aplicación de sanciones y proporcionan certezas legales que previenen dudas en los tribunales, con el objetivo último de blindar los derechos de los consumidores.
Este proyecto de Ley, que representa una actualización integral del marco autonómico, se presenta como un avance hacia una administración más protectora y eficaz que busca eliminar lagunas y contradicciones legales. “Hemos actualizado el manual de instrucciones de los derechos de las personas consumidoras para que sea más concreto, más eficaz y funcione mejor”, concluyó la portavoz, reflejando el compromiso del Gobierno regional en la protección del consumidor.
