El Gobierno de España ha anunciado con entusiasmo un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones del empleo público, destacándolo como un logro significativo tanto a nivel social como político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sintetizó el acuerdo con la afirmación de que tanto los servidores públicos como la ciudadanía salen beneficiados. El pacto, que contempla un incremento salarial del 11 % para los empleados públicos de aquí a 2028, también incluye medidas para mejorar la estabilidad profesional, la formación, y el desarrollo de la carrera administrativa.
El acuerdo fue firmado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto a los principales sindicatos, y se presenta como un paso hacia un modelo de empleo público más moderno, orientado a responder eficientemente a los desafíos del siglo XXI y al rápido avance tecnológico. Sin embargo, este anuncio no toca un debate de fondo frecuentemente ignorado en tiempos de crisis: el tamaño y la forma óptima del sector público en una economía digitalizada.
A pesar de que el Gobierno insiste en que el refuerzo de los servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales dignifican los salarios, también se ha enfatizado la necesidad de abordar cuestiones aún pendientes. Estas incluyen la reducción de la burocracia, la eliminación de duplicidades entre administraciones, la simplificación de organismos, la adaptación de la plantilla al contexto tecnológico emergente, y una revisión crítica del creciente peso de los conglomerados públicos.
Por otro lado, el plan busca mantener la profesionalidad de quienes trabajan en sectores esenciales como la salud, la educación, la seguridad, la justicia y los servicios sociales. El presidente del Gobierno aludió a la memoria reciente de la ciudadanía, recordando el esfuerzo de los empleados públicos durante la pandemia y en diversas crisis climáticas y catástrofes. En este sentido, advirtió que el deterioro de las condiciones de estos trabajadores implicaría un debilitamiento de los derechos y las garantías ciudadanas.
Óscar López destacó que este acuerdo beneficia a más de tres millones de empleados públicos, reiterando que se trata de una hoja de ruta “pionera y ambiciosa” para los próximos años, enfocada en combinar el empleo, la modernización y el fortalecimiento de los servicios.
Sin embargo, a pesar de las intenciones declaradas de modernización mediante la digitalización y el uso de nuevas tecnologías, la conversación pública sobre el uso de tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización en la administración parece superficial. Se enfatiza la formación y la carrera profesional más que los cambios estructurales necesarios para realmente transformar la administración pública.
La ciudadanía, que soporta la carga de este aumento salarial a través de sus impuestos, busca resultados visibles y una mejora real en la calidad de los servicios públicos. Los problemas persistentes, como las demoras en los sistemas de citas médicas, las colas en las oficinas, los expedientes atascados o las plataformas electrónicas disfuncionales, crean una brecha entre los discursos oficiales y la experiencia diaria de los usuarios.
El debate de fondo aún está pendiente, y el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, aunque políticamente ventajoso, debería trascender el simple aumento salarial y abordar la necesidad de una reforma administrativa profunda. En un contexto donde el sector privado es capaz de adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos, el sector público también debería replantear sus estructuras, fusionar organismos y eliminar duplicidades para adaptarse a la nueva era digital.
