El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad, María Pilar Astray Chacón, han firmado un protocolo general de colaboración con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación para la atención de personas con enfermedad mental involucradas en procesos judiciales o con riesgo de judicialización. Este acuerdo busca formalizar la colaboración entre ambas entidades para crear un marco de actuación adecuado para aquellos individuos que, a raíz de su condición mental, han tenido contacto con el sistema judicial o penal, ya sea por haber cometido un delito o por estar en riesgo de hacerlo.
Desde 2013, la coordinación entre la Consejería de Sanidad y el Tribunal Superior de Justicia se ha venido articulando mediante las Comisiones de Análisis de Casos. Estas comisiones, que operan como estructuras estables de coordinación, reúnen a profesionales de los ámbitos judicial, social, sanitario, penitenciario y a representantes de asociaciones de pacientes. Su funcionamiento se centra en el análisis de situaciones concretas, el intercambio de información, el desarrollo de estrategias de intervención, el seguimiento y la resolución de casos, así como en la detección de carencias dentro de la red existente.
Uno de los objetivos esenciales de este protocolo es facilitar la comunicación y el intercambio de recursos entre las dos administraciones. Este intercambio está orientado a mejorar tanto la atención de las personas con enfermedades mentales, discapacidades intelectuales y adicciones judicializadas como las oportunidades de integración social para aquellos individuos afectados.
Otra meta del acuerdo es apoyar las estrategias preventivas diseñadas por las Comisiones de Análisis de Casos (CACS) para minimizar el riesgo de judicialización mediante la detección temprana y la adaptación adecuada de programas de tratamiento o recursos asistenciales. Además, se elaborarán protocolos conjuntos que resalten, entre otros aspectos, la importancia de la inserción social de personas con enfermedad mental que han terminado su condena, favoreciendo su seguimiento en el entorno comunitario.
Por último, se pretende difundir la existencia y funciones de estas comisiones entre los profesionales de las administraciones involucradas, incrementando así el número de casos valorados. Con la puesta en común de los casos más complejos, el objetivo es desarrollar protocolos generales de actuación que proporcionen los instrumentos y herramientas necesarias para garantizar una atención integral eficaz.
