En medio de un ambiente político cada vez más enfocado en la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos, el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha manifestado sus inquietudes sobre la financiación de Vox y el uso de los fondos públicos que se habrían canalizado hacia la dirección nacional del partido. Esta preocupación surge a raíz de una orden emitida por la Intervención de las Cortes, que recientemente obligó a Vox a devolver más de 34.000 euros.
Durante una sesión plenaria del Parlamento autonómico, mientras se presentaba la reforma del artículo 29.7 del Reglamento de la Cámara, Godoy hizo hincapié en la importancia de que el financiamiento público se mantenga dentro de las fronteras de Castilla-La Mancha. Destacó que estos recursos deben ser utilizados exclusivamente para actividades políticas y el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios de la región. Enfatizó que los fondos no deben destinarse a respaldar actividades políticas fuera del ámbito regional.
El líder socialista recordó que Vox había desviado fondos públicos asignados a la región hacia su estructura nacional, una práctica que la reforma del reglamento busca regular estrictamente. Sin embargo, aclaró que la intención de la reforma no es atacar a ningún grupo en particular, sino fortalecer la transparencia y la eficiencia en la financiación política de Castilla-La Mancha.
Godoy subrayó la importancia de la responsabilidad y la transparencia en el uso de los fondos públicos, advirtiendo que la Cámara no puede ni debe ignorar estas cuestiones. La reforma estipula que todos los partidos vinculados a grupos regionales deberán justificar detalladamente el uso de cada fondo transferido. “Nada podrá ser opaco, y todo deberá integrarse en la contabilidad específica presentada ante la Mesa de las Cortes”, afirmó Godoy, resaltando que cada euro debe ser rastreable, cada gasto verificable y cada transferencia transparente.
Este enfoque parece alinearse con un movimiento más amplio hacia prácticas de gobierno más claras y responsables, asegurando que los fondos públicos cumplan con su propósito: apoyar y mejorar el desarrollo político regional en beneficio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
