El debate sobre cómo incentivar el ahorro a largo plazo ha resurgido en la conversación pública debido a la diferencia en el tratamiento fiscal de los planes de pensiones individuales entre el País Vasco y el resto de España. La controversia gira en torno a que dos contribuyentes con ingresos y ahorros similares pueden enfrentar cargas fiscales distintas dependiendo de su residencia fiscal.
En comunidades como Castilla-La Mancha, donde los salarios suelen ser menores y el margen de ahorro es limitado, este debate cobra especial relevancia. Si los incentivos fiscales se reducen, los planes de pensiones individuales pierden atractivo para los ahorradores comunes, debilitando una de las pocas opciones privadas para planificar la jubilación.
A nivel nacional, el límite para las deducciones anuales de las aportaciones ha quedado en 1.500 euros, reduciendo las ventajas fiscales de los ahorros individuales respecto a los acumulados a través de la empresa, algo problemático para autónomos y empleados de pequeñas empresas.
En el País Vasco, regido por su normativa foral, se han implementado medidas que refuerzan los incentivos para los productos de previsión social complementaria. Estos incluyen límites más altos para las aportaciones y un tratamiento fiscal más favorable para los rescates como renta a largo plazo, con exenciones parciales de los rendimientos positivos.
Para ilustrar el impacto de estas diferencias, consideremos un ejemplo con aportaciones anuales de 5.000 euros durante 25 años. En el País Vasco, se permite una deducción de aportaciones mayor y beneficios fiscales al rescatar la inversión como renta a largo plazo, lo que puede llevar a una diferencia de hasta 33.000 euros en comparación con el resto de España, especialmente para aquellos con tipos impositivos efectivos más altos.
En Castilla-La Mancha, donde hay una amplia presencia de pymes, autónomos y empleo público, el incentivo al ahorro individual es crucial ya que no todos tienen acceso a planes de empleo. Los llamados a una equiparación de incentivos argumentan que esto podría mejorar la cultura del ahorro y mitigar las futuras tensiones del sistema.
Por otro lado, hay quienes sostienen que la fiscalidad foral es una parte legítima del marco constitucional y del sistema de financiación, y abogan por diseñar incentivos estatales más eficientes y progresivos.
Este debate reabre una discusión más amplia sobre el papel del ahorro privado en un país que envejece, preocupando cada vez más a los trabajadores en activo sobre su futura jubilación.
