El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha mantenido un encuentro en el Palacio Provincial con las alcaldesas de Torralba de Calatrava y Fernán Caballero, María Antonia Álvaro y Beatriz Dorado, para discutir el alarmante deterioro en los servicios sociales de sus municipios. La reunión tuvo como eje central la inseguridad que envuelve la prestación de estos servicios esenciales, vitales para las comunidades afectadas.
Las alcaldesas señalaron que los problemas iniciaron cuando Carrión de Calatrava dejó de desempeñar el papel de municipio cabecera, generando un vacío organizativo y funcional. Esta situación se ha agudizado por la reducción de personal sin la reposición de profesionales clave. Desde el mes de julio, el constante movimiento de contratos temporales ha dificultado la prestación continua y efectiva de servicios clave para la comunidad, en un contexto donde solo un profesional es aportado por la Junta de Comunidades, cantidad claramente insuficiente para las necesidades locales.
La principal demanda de las alcaldesas es la estabilización del personal en los servicios sociales, incluyendo trabajadores sociales, administrativos y educadores, con el fin de ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía. Resaltaron que este no es un problema aislado, sino uno que se extiende a otros municipios de la provincia debido a un modelo de cofinanciación insatisfactorio que no cubre completamente los costes de personal. Según las ediles, una solución estructural es necesaria para garantizar la permanencia y calidad de los servicios.
En respuesta, Valverde expresó su preocupación por los retos planteados y se mostró dispuesto a explorar a fondo la situación. El presidente se comprometió a trasladar estas inquietudes, buscando soluciones que puedan mejorar la prestación de los servicios sociales, asegurando una atención digna y efectiva en los municipios afectados.
Este compromiso y la búsqueda de soluciones eficaces emergen como una prioridad en la administración local, con un esfuerzo conjunto para adecuar el modelo de servicios sociales a las necesidades reales de la población. Las comunidades esperan que este diálogo inicial conduzca a acciones concretas que resuelvan las actuales deficiencias y garanticen la operatividad del sistema en un futuro cercano.
