El colectivo autodenominado «40 días por la vida» ha dado a conocer su plan para llevar a cabo una serie de vigilias durante el periodo de Cuaresma, con el firme propósito de «acabar con el aborto a nivel local». Estas concentraciones, de acuerdo con los organizadores, se realizarán a partir del 18 de febrero, y tendrán lugar frente a clínicas donde se realizan interrupciones del embarazo. Su intención, según han declarado, es la de rezar y «buscar soluciones pacíficas a la violencia del aborto».
Sin embargo, esta iniciativa ha sido objeto de críticas significativas. Especialmente, desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) se ha señalado que, aunque los organizadores insisten en el carácter «pacífico» de las vigilias, las mismas constituyen una forma de coacción hacia las mujeres que optan por interrumpir su embarazo. La polémica pone en evidencia la fina línea entre el derecho a manifestarse y el respeto por la decisión personal de las mujeres que se encuentran en esta circunstancia.
La situación es compleja. Mientras que el colectivo defiende su actividad como una expresión de sus creencias, su presencia en las puertas de las clínicas es interpretada por otros como un intento de influir en decisiones que ya han sido tomadas. Este debate no hace más que recalcar las profundas divisiones que aún persisten en torno al tema del aborto dentro de la sociedad. A medida que se acercan las fechas previstas para estas vigilias, el desafío radica en equilibrar el derecho a la libre expresión con el derecho al respeto por las decisiones personales, manteniendo la paz y el respeto mutuo en un tema tan delicado y personal.
