El Gobierno regional ha intensificado sus esfuerzos para coordinar con los ayuntamientos la elaboración de la nueva Ley de Accesibilidad Universal, una iniciativa que se está llevando a cabo mediante un proceso participativo que involucra tanto a la sociedad civil como a diversas administraciones públicas. Esta semana, la localidad de Marchamalo fue escenario de un encuentro clave entre el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, y el alcalde de la localidad, Rafael Esteban.
Durante la reunión, Escudero agradeció al alcalde Esteban por su dedicación y compromiso con la accesibilidad, destacando además su rol como vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM). Este encuentro forma parte de las jornadas participativas que buscan avanzar en el desarrollo del contenido de la futura ley.
José Luis Escudero destacó una reciente jornada de trabajo que congregó a representantes del movimiento asociativo, profesionales y administraciones públicas, poniendo énfasis en la invaluable colaboración de las entidades locales. Subrayó la necesidad de que los municipios se mantengan activos en el proceso de creación de esta normativa, reconociendo el rol fundamental de la FEMP-CLM como representante de los ayuntamientos y su capacidad de trasladar las realidades municipales al texto legislativo.
El comisionado recordó que la administración local, al ser la más cercana a la ciudadanía, desempeña un papel crucial en la implementación de la accesibilidad universal. «La implicación de los ayuntamientos es determinante para asegurar la accesibilidad en la vida cotidiana, ya que gestionan espacios públicos y servicios esenciales,» afirmó Escudero.
Entre las ideas discutidas en los grupos de trabajo, se propuso que los ayuntamientos pudieran desarrollar planes municipales integrales de accesibilidad universal. Esta herramienta podría facilitar la planificación y organización de las acciones necesarias para mejorar la accesibilidad en la comunidad local.
El Gobierno regional reafirma su compromiso de continuar estableciendo un diálogo firme con las administraciones locales para crear una ley que sea ambiciosa, eficaz y, sobre todo, resultado del esfuerzo compartido y la corresponsabilidad institucional. Con estos esfuerzos, se espera consolidar una normativa que realmente incida en una mejora sustancial de la calidad de vida para todas las personas en la región.
