La portavoz de Economía y Presupuestos del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Silvia Fernández, ha manifestado su rechazo a las acciones del Partido Popular por su intento de bloquear el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, más conocido como la ‘Ley de Acompañamiento’ de los presupuestos de la Junta para el año 2026. Durante una encendida intervención en el pleno del Parlamento autonómico, Fernández calificó la enmienda total planteada por el PP como “obstruccionista y oportunista”.
Fernández defendió con vigor la importancia de esta normativa, que contempla una serie de medidas dirigidas a fortalecer las políticas sociales articuladas por el gobierno de Emiliano García-Page. Aclaró que estas disposiciones tienen el objetivo de simplificar los trámites, intensificar la lucha contra la despoblación, robustecer el sistema sanitario público y facilitar un mayor acceso a suelo para la construcción de viviendas, siempre con un enfoque en la eficacia y la eficiencia.
En sus declaraciones, la diputada socialista criticó que el PP, apoyado por Vox, pretenda entorpecer el progreso social en la región. “Si el PP realmente comprendiera las necesidades de los castellanomanchegos y castellanomanchegas, admitiría los beneficios de estas medidas para la comunidad”, afirmó Fernández, insinuando que la intención del PP y Vox es más bien causar un perjuicio al gobierno regional para beneficiar sus propios intereses políticos.
Además, Fernández enfatizó el compromiso del PSOE en promover el desarrollo de Castilla-La Mancha junto al Ejecutivo de García-Page, acusando a la oposición de querer “bloquear” y “embarrar” el camino hacia el crecimiento regional. “Es evidente que no vamos a permitir retroceder en derechos, algo que sucede bajo gobiernos del PP, caracterizados por grandes recortes”, finalizó la portavoz socialista.
El debate sobre la Ley de Acompañamiento se perfila como un terreno de confrontación política en Castilla-La Mancha, con un PSOE firme en su intención de aprobar unas medidas que describe como esenciales para el bienestar social y económico de la región, frente a una oposición que las considera perjudiciales y mal articuladas.
