El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado un conjunto de nuevas medidas fiscales y administrativas con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, así como mejorar la eficiencia de los trámites burocráticos en la región. Estas disposiciones están contenidas en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2026, que fue presentado en las Cortes regionales por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Una de las medidas más destacadas del proyecto es la reducción de impuestos para los menores de 36 años que buscan adquirir su primera vivienda. Se ha propuesto una disminución del 40% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, reduciendo el tipo del 5% al 3%, además de una reducción a la mitad del tipo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, del 0,50% al 0,25%. Asimismo, se ha introducido una nueva deducción del 15% en el tramo autonómico del IRPF para aportaciones a cuentas de ahorro vivienda, con un tope de 3.000 euros. También se incrementa el límite de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual de 450 a 500 euros, aplicable a jóvenes, familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.
El consejero también mencionó otras iniciativas fiscales, como una nueva deducción del 30% en el IRPF por gastos en controles veterinarios y vacunación para personas con discapacidad, y la exención del pago de la ITV para taxistas. Además, la norma prevé la supresión de tasas para el Programa Acredita y bonificaciones en el canon del agua para personas con discapacidad y usuarios en riesgo de exclusión social.
En el ámbito administrativo, el proyecto busca simplificar y agilizar los procesos mediante la modificación de varias leyes autonómicas, promoviendo el uso de declaraciones responsables en lugar de autorizaciones y estableciendo el silencio administrativo positivo en algunos casos. También incluye medidas para mejorar la gestión de recursos humanos en el SESCAM.
Adicionalmente, se ha creado el Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, financiado con recursos de los cánones eólico y de participación urbanística. El proyecto de ley tiene como objetivos principales facilitar el acceso a la vivienda, reducir la burocracia administrativa y mejorar la calidad de vida en la región.
Juan Alfonso Ruiz Molina ha mostrado su esperanza en que las Cortes desestimen la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, afirmando que el proyecto contribuirá a mejorar el bienestar de los ciudadanos, alineándose con las prioridades del presidente de Castilla-La Mancha.
