El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha jugado un papel fundamental en la creación de un nuevo decreto destinado a regular las Entidades Colaboradoras de la Administración. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el apoyo técnico a las entidades locales, prestando especial atención a aquellas de menor tamaño, sin perder de vista la importancia de respetar las competencias y el principio de autoridad de la Administración pública.
El decreto, aprobado el pasado viernes y ya publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establece un régimen jurídico para estas entidades colaboradoras, desarrollando las previsiones de la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Gracias a este marco legal, las entidades colaboradoras podrán actuar en múltiples áreas, como urbanismo, gestión forestal, evaluación ambiental, economía circular, patrimonio cultural, servicios sociales y turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, destacó que la normativa tiene como propósito principal mejorar la capacidad técnica de las administraciones públicas, especialmente en el ámbito rural, mediante una colaboración efectiva con expertos en las distintas áreas. Según Santiago, se trata de un sistema de colaboración público-privada en el que las entidades colaboradoras aportarán apoyo técnico, lo cual contribuirá a optimizar procesos y mejorar la calidad técnica de los expedientes.
El decreto deja claro que las funciones de estas entidades se limitarán a la elaboración de informes, certificaciones y asistencia técnica, asegurando que no reemplazarán las competencias de la Administración. El control y supervisión de los procedimientos seguirán en manos de los organismos públicos pertinentes. Santiago enfatizó que «esto no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración. Son entidades llamadas a colaborar con nosotros, no a sustituirnos».
Inicialmente, el área de urbanismo será objeto de regulación bajo este nuevo marco legislativo, pero se planea extenderla a otros sectores, como la gestión forestal, la calidad ambiental, la economía circular y la promoción empresarial. Desde COSITAL Castilla-La Mancha se percibe esta normativa como una oportunidad para potenciar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, facilitando el acceso a recursos técnicos especializados, especialmente en municipios más pequeños con estructuras administrativas limitadas.
«Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica», concluyó Rafael Santiago.
