El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha (COSITAL) ha sido clave en la creación de un nuevo decreto que busca regular las Entidades Colaboradoras de la Administración. Este marco legislativo pretende ofrecer un respaldo técnico robusto a las entidades locales, con especial atención a las de menor tamaño, sin comprometer la autoridad de la Administración pública.
El decreto, publicado el pasado viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece un marco jurídico para estas entidades, alineándose con la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Así, se permitirá que las entidades colaboradoras asuman funciones en áreas como urbanismo, gestión forestal, evaluación ambiental, economía circular, patrimonio cultural, servicios sociales y turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, destacó que esta normativa pretende fortalecer la capacidad técnica de las administraciones públicas, sobre todo en zonas rurales, mediante una colaboración efectiva con entidades expertas. Este modelo de colaboración público-privada tiene como objetivo optimizar los procesos y elevar la calidad técnica de los expedientes a través del soporte técnico de estas entidades.
El decreto precisa que las funciones de las entidades colaboradoras se limitan a la elaboración de informes, certificaciones y asistencia técnica, asegurando que no se delegue en ellas las competencias de la Administración, que conservará el control y supervisión. Santiago insiste: «Esto no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración. Son entidades llamadas a colaborar con nosotros, no a sustituirnos».
Inicialmente, el nuevo marco legislativo se centrará en el urbanismo, y luego se expandirá a otros sectores como la gestión forestal, la calidad ambiental, la economía circular y la promoción empresarial. Desde COSITAL, se cree que esta normativa es una oportunidad significativa para mejorar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, facilitando la disponibilidad de recursos técnicos especializados, vitales para municipios con estructuras administrativas más limitadas.
Rafael Santiago subraya la relevancia de esta medida: «Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica». Este enfoque está llamado a mejorar los servicios municipales, mientras se garantiza una estricta vigilancia sobre los procesos administrativos.
