El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en la elaboración de un nuevo decreto destinado a regular la gestión de residuos orgánicos para la producción de biometano, una alternativa energética que ha generado un debate considerable en la región. Esta iniciativa busca establecer directrices precisas para la generación de biometano mediante digestión anaeróbica, en un esfuerzo por superar la controversia desatada por el anterior Plan Regional de Biometanización, el cual fue retirado tras recibir más de 15,000 alegaciones.
Una de las características salientes del nuevo borrador es el énfasis en aumentar la capacidad de decisión de los ayuntamientos locales en relación con la instalación de plantas de biometano. No obstante, existen excepciones significativas, ya que la declaración de proyectos prioritarios, regulada por la Ley 5/2020, podría trasladar decisiones claves a la Junta de Comunidades. Hasta un 71% de los proyectos actualmente en tramitación, según estimaciones de la plataforma Stop Ganadería Industrial C-LM, podrían competir por esta categorización debido a su ubicación en áreas vulnerables a la presencia de nitratos. A pesar de ello, obtener dicha declaración no es un proceso automático, ya que requiere cumplir con diversos criterios, como la gestión de residuos específicos y la vinculación a iniciativas agroindustriales o sociales que favorezcan a la comunidad local.
El proceso de participación pública para este decreto está abierto hasta el 24 de agosto, permitiendo a ciudadanos, asociaciones y entes locales presentar sus aportes. La estructura planteada en el borrador también establece que al menos el 80% de los residuos deben ser obtenidos de un radio máximo de 35 kilómetros de la planta, lo cual busca minimizar el impacto logístico y ambiental de estos proyectos. Sin embargo, esta limitación ha sido criticada por agrupaciones vecinales por considerarse insuficiente y susceptible a excepciones.
Más allá de estos límites geográficos para la captación de residuos, las entidades críticas también han manifestado inquietudes respecto a cómo se supervisará el uso y tratamiento del digestato, el material residual post-proceso, cuya trazabilidad y aplicación en la agricultura demandan garantías estrictas.
De especial interés es cómo el nuevo marco afectará a los numerosos expedientes en distintas fases de tramitación. Stop Ganadería Industrial ha advertido que, aunque el borrador refleja mejoras como la inclusión de autoridades municipales en el proceso de decisión, las excepciones planteadas podrían debilitar la autonomía municipal. A medio y largo plazo, la implementación del decreto podría presentar cambios significativos con respecto al planteamiento actual, una vez concluya la fase de aportaciones y se evalúen las opiniones recolectadas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha.
En suma, el debate en torno al biometano en Castilla-La Mancha se perfila como un delicado equilibrio entre la promoción de energías renovables y la protección de los intereses comunitarios y medioambientales. Las etapas subsiguientes del proceso hasta la aprobación del decreto serán cruciales para determinar en qué medida la voz de los municipios influirá en el desarrollo de los proyectos relacionados con la gestión de residuos orgánicos en la región.
