El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido que la Ley de Integridad de Castilla-La Mancha refuerza los controles sobre los altos cargos de la Administración regional. Esta ley, que se añade a las de Transparencia y Participación aprobadas en legislaturas anteriores, «supone cerrar la estructura jurídica en materia de integridad pública de la Comunidad Autónoma».
Durante su intervención en el Pleno de las Cortes, que aprobó la norma con el consenso de los dos principales grupos parlamentarios, Martínez Guijarro destacó que con esta nueva ley «nuestra Comunidad Autónoma se sitúa, al menos, al nivel de las más exigentes en la materia».
La normativa, que se desarrolla a través de 26 artículos, establece nuevas obligaciones para los altos cargos. Una de las medidas es la obligación de presentar una Declaración Responsable de no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública. Esta declaración se sumará a las ya existentes de Actividades, Bienes y Rentas.
Además, los miembros del Consejo de Gobierno deberán presentar una declaración de patrimonio en el momento de la convocatoria electoral. Esto permitirá comprobar si ha habido un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo en que han ejercido su cargo público.
En cuanto a los conflictos de intereses, la ley obliga a los altos cargos a abstenerse en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que estén involucrados familiares o personas que puedan condicionar la toma de decisión.
Martínez Guijarro también se refirió al papel clave que esta ley otorga a la Oficina de Integridad, que depende de la Vicepresidencia Primera del Gobierno regional. Esta oficina será responsable de llevar a cabo labores de control y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la ley, y gestionará el Sistema Interno de Información para proteger a las personas que informen sobre infracciones normativas y corrupción.
La nueva norma incorpora un sistema de prestaciones similar al regulado en la Administración General del Estado y otras comunidades autónomas. Esta prestación compensa las limitaciones de incompatibilidad para aquellos que ejercen la política en la región, y se extiende a los miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha, supliendo la falta de derecho a prestación por desempleo al finalizar su mandato.
Martínez Guijarro rechazó los «bulos» propagados por el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, quienes han cifrado en 20 millones de euros el coste de esta medida. «No sé de dónde se han sacado esa cifra, porque es mentira y quiero dejarlo claro», insistió el vicepresidente primero.
Explicó que más de la mitad de los altos cargos del Gobierno regional son funcionarios y tienen reservado su puesto de trabajo, por lo que no tendrán derecho a una prestación pensada para aquellos que cesen en sus funciones y no puedan reingresar en su puesto de trabajo por circunstancias ajenas a su voluntad.
Finalmente, pidió coherencia «en la vida y en la política» a Vox, señalando que votan en contra de la Ley de Integridad por la prestación por cese de actividad mientras que perciben la prestación por dedicación exclusiva en las Cortes, que no es obligatorio solicitar, y también reciben la subvención para gastos electorales, pese a haber criticado estas ayudas en numerosas ocasiones.
