El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado un cambio normativo impulsado por el PSOE que obliga a los miembros del Parlamento autonómico a solicitar explícitamente el cobro del salario y las ayudas derivadas de su actividad parlamentaria. La iniciativa tiene como objetivo que aquellos parlamentarios que critiquen el sistema de retribuciones o incluso la existencia del parlamento autonómico puedan renunciar de forma coherente a sus beneficios económicos.
Durante una rueda de prensa en la que se hizo balance del segundo periodo de sesiones de la XI Legislatura, Bellido explicó que se implementará una «modificación puntual» que obligará a los representantes y partidos a formalizar una solicitud de renuncia para dejar de percibir tanto el salario como las subvenciones parlamentarias. Esta modificación también establecerá que los diputados que desean dedicarse exclusivamente al Parlamento deberán presentar una declaración de responsabilidad, garantizando que no compaginan dicha función con otras actividades remuneradas.
Bellido subrayó la importancia de cumplir rigurosamente con esta norma, asegurando que los diputados de Castilla-La Mancha no se involucren en ninguna otra actividad que conlleve retribuciones. Este cambio, según él, fortalecerá la responsabilidad de los representantes hacia la sociedad castellanomanchega.
El presidente sugirió que este proceso podría implementarse de inmediato, dado que las Cortes están actualmente en fase de elaboración del presupuesto y necesitan saber quiénes de los diputados y grupos parlamentarios requieren dichas retribuciones.
Bellido también apuntó a la posible incongruencia de Vox, en caso de que este partido se pronuncie en contra de las subvenciones a los partidos pero no renuncie a ellas. Según él, los recursos destinados a estos propósitos están bien invertidos y opinó que Vox podría estar más en desacuerdo con la existencia de opciones políticas alternativas a su ideología. Con estas declaraciones, Bellido deja en manos de los partidos políticos la responsabilidad de hacer coincidir sus acciones con su discurso público respecto a la percepción de beneficios económicos del parlamento regional.
