En el marco del vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el país conmemora dos décadas de lucha continua contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Desde el primer día, la sociedad tomó la decisión unánime de no considerar esta violencia como un problema doméstico, sino como una amenaza social que requería el más firme rechazo por parte de todos y la intervención decidida de los poderes públicos.
A lo largo de estos años, se han logrado importantes avances en la lucha contra la violencia de género, gracias a la implementación de políticas efectivas y la construcción de consensos que han dotado al país de herramientas para combatirla. Un hito que debemos destacar es el pionero paso dado por Castilla-La Mancha en 2001 con la aprobación de la Ley de Prevención contra los Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, marcando un camino para el resto del país.
En 2018, se dio un paso adicional con la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, que amplió el concepto de violencia para incluir la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital. Esta normativa también reconoció a los menores de madres asesinadas como víctimas, en línea con los compromisos del Convenio de Estambul.
No obstante, las cifras de la violencia de género siguen siendo alarmantes. A lo largo de estas dos décadas, 1.285 mujeres han sido asesinadas, junto con 61 menores, víctimas de la violencia machista. En los últimos quince años, cerca de dos millones y medio de denuncias han sido cursadas en todo el país. Detrás de estos números se encuentran las vidas y la dignidad de mujeres que han enfrentado el horror de la violencia, datos escalofriantes que nos obligan a seguir luchando para erradicar esta lacra social.
El panorama es aún más desafiante en un entorno polarizado donde algunas fuerzas políticas utilizan el machismo y el negacionismo como banderas para deslegitimar el sistema. Esta posición erosiona los avances logrados y pone en riesgo los derechos de las víctimas. Sin embargo, este 25 de noviembre, se hace un llamado a la sociedad para rebelarse contra las cifras y reafirmar la convicción de que las estructuras de apoyo funcionan.
Castilla-La Mancha se ha consolidado como una referencia en la lucha contra la violencia de género. Durante el 2023, se atendieron 28.500 consultas por violencia, proporcionando soluciones inmediatas a 414 mujeres y sus 323 menores en recursos de acogida. Además, más de 200 mujeres víctimas de agresiones sexuales recibieron apoyo psicológico, demostrando que el sistema sigue siendo una herramienta vital para proteger y salvar vidas.
La región continúa siendo un faro en avances hacia la igualdad, educando, formando y concienciando a la población, intentando navegar por el consenso político y social. No cederemos terreno ante el negacionismo y queremos que el número de víctimas se reduzca a cero, honrando a las 1.285 mujeres que perdieron la vida por el simple hecho de ser mujeres. Este compromiso es irrenunciable y debe prevalecer en la conciencia colectiva.
