El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado su informe anual sobre transparencia para el año 2023, destacando varios logros en la materia. Esther Padilla, la consejera portavoz del Gobierno autonómico, dio a conocer que el portal de Transparencia recibió 156.316 visitas, donde los contenidos más consultados fueron la agenda de los miembros del gobierno, sus currículum vitae y sus remuneraciones.
A lo largo del año, se registraron un total de 312 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 304 fueron resueltas con un promedio de 19,82 días de respuesta. Las áreas que despertaron mayor interés entre los ciudadanos fueron sanidad, educación y función pública y empleo. Respecto a las reclamaciones, se contabilizaron 276, lo que supone una disminución del 48% en comparación con el año anterior. Cabe destacar que más del 79% de estas reclamaciones estaban relacionadas con ayuntamientos y diputaciones, sin que se registrara ninguna respecto a la Junta.
En términos de datos abiertos, actualmente están disponibles 344 referentes al Gobierno de Castilla-La Mancha. Padilla enfatizó el «cambio radical en el ámbito de la transparencia» desde la llegada de Emiliano García-Page al poder y prometió seguir impulsando esta área.
En otro orden de acciones, el Consejo de Gobierno aprobó la cesión de una parcela al Ayuntamiento de Toledo para recuperar el campo de fútbol Carlos III en la Vega Baja, el cual fue demolido en 2006. Este proyecto se llevará a cabo gracias a un convenio entre el Ayuntamiento, la Junta y la Universidad de Castilla-La Mancha, que también podrá utilizar las instalaciones. El acuerdo establece la cesión de la parcela por 75 años y el compromiso del Ayuntamiento de ceder un espacio para fines institucionales. El campo contará con césped homologado por la FIFA y forma parte de un proyecto del programa LIFE de la Unión Europea que busca evitar el uso de microplásticos.
Finalmente, Padilla anunció que la región asumirá el liderazgo del grupo de trabajo de protección e información de los consumidores en el Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre del año, tomando el relevo de Cataluña. En este ámbito, la Consejería de Sanidad deberá coordinar a las comunidades autónomas para lograr acuerdos que representen una postura común de España en temas de consumo, con un énfasis especial en la telefonía móvil y las relaciones con entidades bancarias. Padilla aseguró que la Consejería de Sanidad realizará un excelente trabajo durante este periodo.
