Este domingo 2 de febrero, España será escenario de una serie de manifestaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT en protesta contra lo que consideran un uso «oportunista» de la protección social por parte de diversas formaciones políticas. Esta movilización viene a raíz de las tensiones generadas en torno al primer decreto ‘ómnibus’, cuya no convalidación amenazó con poner en peligro medidas cruciales, como la revalorización de pensiones y las ayudas al transporte.
En Castilla-La Mancha, las manifestaciones se realizarán en diferentes plazas emblemáticas: en Albacete será en la Plaza del Altozano, en Ciudad Real en la Plaza de la Constitución, en Cuenca en la Plaza de España, en Guadalajara en la Plaza Mayor y en Toledo en la Plaza de Zocodover. En la capital madrileña, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, liderarán la concentración desde las 12.00 en la Plaza Jacinto Benavente. Ambos líderes sindicales hacen un llamamiento a los grupos parlamentarios para que cumplan con su deber y aprueben el nuevo real decreto ley «sin más dilaciones».
A lo largo de todas las comunidades autónomas se organizarán concentraciones, con el objetivo de exigir que los legisladores prioricen las necesidades ciudadanas y no usen sus derechos como «moneda de cambio». En un comunicado conjunto, CCOO y UGT destacaron que el Parlamento debe «estar al servicio de la gente», denunciando que las estrategias políticas con miras cortas perjudican tanto a los partidos como a las instituciones democráticas.
Las dos organizaciones han resaltado que la no aprobación del primer decreto ‘ómnibus’ afectó a más de 10 millones de pensionistas y a 2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, pusieron en riesgo las ayudas al transporte público de más de 20 millones de usuarios, lo que subraya la gravedad de utilizar los derechos ciudadanos como herramienta en disputas políticas.
Unai Sordo afirmó que el movimiento sindical continuará «vigilante» sobre las leyes que se tramiten en el Congreso, mientras que Pepe Álvarez subrayó que las movilizaciones son un reflejo de que las medidas propuestas están «lejos de las necesidades» reales de la población.
A pesar de que se ha alcanzado un acuerdo para un nuevo decreto ‘ómnibus’, negociado con Junts y que probablemente contará con el apoyo del Partido Popular (PP), CCOO y UGT insisten en la importancia de manifestarse para exigir «responsabilidad y compromiso». Los sindicatos buscan evitar que la protección social de la mayoría quede en riesgo y que el Gobierno cumpla su promesa de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, especialmente ante la ausencia de presupuestos generales para 2025.
Reflejando su preocupación por el futuro de las pensiones, CCOO y UGT subrayan la importancia de asegurar la sostenibilidad del sistema público, haciendo hincapié en medidas surgidas del diálogo social, como la implementación de la cuota de solidaridad para altos salarios y el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ambas organizaciones alertan que algunos partidos apoyan la revalorización de las pensiones, pero se oponen a los medios para viabilizarlo, lo que pone en riesgo el sistema y podría conducir a su privatización.
