El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra inmerso en la elaboración de una nueva normativa para gestionar las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, ha informado sobre estos avances en un encuentro con la prensa en Cuenca, donde también ha abordado las críticas del colectivo Pueblos Vivos respecto a la reactivación de macrogranjas en la región. Gómez ha desestimado el vínculo entre estas instalaciones y la contaminación por nitratos, apuntando hacia el uso de abonos inorgánicos como principal responsable.
En sus declaraciones, la consejera destacó que los abonos inorgánicos, debido a su contenido alto en nitrógeno y su inadecuada aplicación, representan la fuente predominante de esta contaminación, más que el uso de purines. Ante esta situación, Gómez subrayó la importancia de instaurar una normativa que permita a agricultores y ganaderos adoptar prácticas agrarias sostenibles en las áreas afectadas.
El proyecto del Gobierno regional incluye la elaboración de un mapa de zonas vulnerables a los nitratos, acompañado de un decreto con medidas de apoyo, con vistas a estar listos para finales de marzo. En paralelo, se ha abordado el proceso de reactivación de macrogranjas tras la conclusión de la moratoria que afectaba a 62 expedientes, de los cuales 22 se localizan en Cuenca. Gómez explicó que se está contactando con ayuntamientos y promotores para evaluar su interés en continuar los proyectos bajo nuevos requisitos.
La consejera señaló que, aunque están llegando respuestas, el proceso será prolongado. Destacó que, desde la moratoria en el sector porcino, el Gobierno regional ha reforzado la evaluación de las normativas ambientales y los requisitos para la instalación de estas explotaciones. La reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental permite a los ayuntamientos expresar su opinión sobre los expedientes y decidir sobre lo que consideran adecuado para su territorio, asegurando así mayor transparencia.
Gómez enfatizó que los informes emitidos por los ayuntamientos serán vinculantes. De este modo, si una localidad, mediante su gobierno local, decide prohibir estas explotaciones, los proyectos no serán evaluados por el Gobierno regional. De esta forma, se busca mantener un equilibrio entre desarrollo sostenible y protección del medio ambiente en Castilla-La Mancha.
