La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su inquietud ante el considerable aumento del desempleo en Castilla-La Mancha, donde durante el mes de febrero se sumaron 801 nuevos parados, llevando el total en la región a 131.162 personas desempleadas. Estos datos, facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, posicionan a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento en el número de desempleados, reflejando un comienzo de año problemático con la destrucción de 3.396 empleos en los dos primeros meses, de los cuales el 79,3% correspondieron a mujeres.
En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este sábado, CSIF ha resaltado las desigualdades persistentes en el ámbito laboral regional. Según los recientes datos de afiliación a la Seguridad Social, las mujeres representan solo el 34,3% de las contratas indefinidas a tiempo completo, mientras que dominan el 73% en los contratos de tiempo parcial. Además, las mujeres también predominan en el ámbito de la contratación temporal, con el 56,7% en tiempo completo y el 65% en parcial.
El sindicato observa que las mujeres continúan soportando la mayor parte de la responsabilidad en el cuidado de menores y personas dependientes, lo que frecuentemente las obliga a optar por jornadas reducidas y a aceptar contratos a tiempo parcial. Estas circunstancias repercuten negativamente en sus ingresos y futuras pensiones. Por ello, CSIF urgió la necesidad de implementar medidas que logren una conciliación laboral equitativa, sin penalizaciones económicas o de progreso profesional.
En otro orden de cosas, CSIF ha puesto de manifiesto que el sector de la Sanidad y los Servicios Sociales ha perdido 562 empleos en los primeros dos meses del año, a pesar de un aumento en las patologías respiratorias que presionarían para una mayor demanda de personal.
Finalmente, CSIF ha reiterado su petición de que se devuelvan todas las subvenciones concedidas por el Gobierno regional a los sindicatos CCOO y UGT, que ya superan los 44,2 millones de euros, incrementándose tras un ingreso adicional de 356.000 euros realizado el pasado 26 de diciembre. El sindicato considera que estas ayudas comprometen la independencia de las organizaciones sindicales y argumenta que dichos fondos deberían reinvertirse en la protección de los colectivos más vulnerables y en el fortalecimiento de los servicios públicos.
