La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha insistido en su petición al Gobierno central para que cumpla con un reciente auto del Tribunal Supremo, que exige implementar medidas urgentes para la acogida de menores no acompañados bajo tutela en Canarias. Durante un acto en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, García Torijano manifestó la disposición de la región de colaborar, ofreciendo 50 plazas, con la condición de que se garantice la financiación necesaria para esta iniciativa.
García Torijano destacó que ya se ha enviado una carta a la ministra para urgir la atención adecuada a esta necesidad. Recordó que en febrero se presentó una propuesta para acoger a menores en Canarias con el objetivo de aliviar la situación crítica de esa comunidad autónoma, que ha trabajado unida en planes de contingencia.
Calificó la situación de emergencia y subrayó que es vital contar con el financiamiento adecuado para no poner en riesgo el sistema de protección de Castilla-La Mancha. La consejera enfatizó que los traslados deben realizarse con la inversión que permita estabilidad en las plazas. Recalcó que quienes deben liderar esta responsabilidad son, principalmente, el Gobierno español y la Unión Europea, para afrontar la emergencia de forma eficaz.
También hizo un llamado a las demás comunidades autónomas para que colaboren en mejorar la calidad de vida de los menores, pero insistió en que es crucial que el Ministerio de Infancia no opte por soluciones económicas de bajo coste. García Torijano apeló a la Administración central y al Ministerio de Hacienda para que trabajen en obtener más financiación para enfrentar este problema.
El Tribunal Supremo emitió el auto el pasado jueves, solicitando al Gobierno de Pedro Sánchez que, en un plazo de 30 días, adopte medidas para asegurar la acogida de aproximadamente mil menores no acompañados, quienes están en una situación de hacinamiento en Canarias en espera de resolver sus solicitudes de asilo.
