Este jueves 12 de junio, más de un centenar de agricultores de diversas localidades de la provincia de Guadalajara se congregaron frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital para manifestar su profundo descontento. A través de una movilización impulsada por las organizaciones agrarias APAG, UPA y COAG, buscaron visibilizar la «crítica de ruina» que afecta al sector cerealista de la región, consecuencia, aseguran, de factores «exclusivamente políticos».
La protesta incluyó la entrega de un escrito con sus demandas al Subdelegado y la simbólica descarga de un remolque con más de 1.000 kilos de avena, en señal de protesta por los bajos precios del cereal. Las pancartas de los manifestantes llevaban mensajes como «Defendemos nuestro campo, defendemos nuestros cereales», junto con denuncias sobre las «importaciones sin control» que, a su criterio, están llevando al sector hacia la ruina.
Juan José Laso, presidente de APAG, subrayó la importancia del sector cerealista para Guadalajara, afirmando que «sin cereal, esta provincia no sería absolutamente nada». También criticó la normativa del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la resolución de incendios, calificándola de «grave» y un «ataque» directo al sector, al limitar el trabajo de las cosechadoras.
La movilización encontró gran eco entre los agricultores; sin embargo, algunos no pudieron asistir debido a la reciente tormenta que provocó severos daños. En una provincia donde las alternativas al cultivo de cereales son escasas, esta situación provoca una amenaza seria para la actividad agraria. María José Ramiro, responsable de UPA en Guadalajara, exigió a la administración ayudas directas para el sector, un control estricto de las importaciones, especialmente de Ucrania, y subsidios para los fertilizantes.
Ángel Estanislao Galve, responsable de COAG en Castilla-La Mancha y Guadalajara, expresó su descontento con la situación del sector, enfatizando que no se debería sacrificar a los agricultores en apoyo a otro país. Galve alertó sobre las pérdidas recientes que superan los 200 euros por hectárea y los estragos de la última tormenta, que podrían haber significado la pérdida del 80 al 90% de la cosecha en algunas localidades.
Asimismo, las organizaciones agrarias han manifestado su frustración con la cobertura aseguradora, que consideran insuficiente para mitigar las pérdidas. Galve hizo un llamado urgente al Ministerio para prestar atención a la situación crítica del sector, advirtiendo que las movilizaciones continuarán hasta que se implementen medidas concretas para enfrentar la crisis actual.
