Castilla-La Mancha se encuentra en la senda de consolidar su sector industrial mediante la implementación de una nueva Ley de Industria, un esfuerzo destinado a fortalecer la considerable inversión pública que la comunidad realiza en este ámbito a través de impuestos e infraestructuras. Esta iniciativa busca asegurar el apoyo continuo al sector industrial de la región, sin depender de las fluctuaciones legislativas a nivel estatal.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo este anuncio durante el acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de FM Logistic, ubicada en el Polígono Industrial ‘El Ruiseñor’ en Guadalajara. Durante su intervención, García-Page explicó que la comunidad autónoma está trabajando para desarrollar esta normativa a lo largo de este año y el próximo.
A pesar de las expectativas en torno a la aprobación de una Ley de Industria a nivel nacional, el presidente manifestó su preocupación por las dificultades que enfrenta el Congreso de los Diputados para avanzar con ciertas iniciativas legislativas. “A veces se aprueban cosas que no salen como queremos”, admitió García-Page, reafirmando su compromiso de dotar a Castilla-La Mancha de su propia legislación industrial, independiente del escenario político nacional.
García-Page también resaltó la experiencia acumulada por la región en la gestión de infraestructuras clave como hospitales y carreteras. Sin embargo, reconoció las limitaciones de las administraciones públicas en la gestión empresarial directa, afirmando que no desean convertirse en empresas. “Lo hacemos fatal, incluso somos malos gestores de empresas”, señaló, subrayando la necesidad de contar con un sector empresarial robusto, dispuesto a asumir riesgos de forma estratégica y ordenada.
Esta ley pretende no solo respaldar el desarrollo del sector industrial, sino también fomentar un entorno empresarial saludable y dinámico, capaz de competir y crecer en un contexto económico cambiante. Con esta medida, Castilla-La Mancha busca afianzar su posición como un motor de desarrollo industrial en España, a través de una legislación que refleje sus propias necesidades y potencialidades.
