El juicio que debía llevarse a cabo los días 10 y 11 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha sido cancelado. Seis personas enfrentan acusaciones por traer desde Colombia a siete mujeres para su explotación sexual en España. Los acusados han sido identificados como O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L., y J.A.F.M.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el cual ha sido revisado por Europa Press, O.O.O.R. y A.K.P.N., quienes mantenían una relación sentimental, se trasladaron a Toledo. Allí, junto a los hermanos J.J.R. y G.A.O.G., desarrollaron un plan orientado a obtener beneficios económicos ilícitos a través de la prostitución de mujeres jóvenes originarias de La Virginia, Colombia, de donde también provenían.
En mayo de 2019, J.J.R. contactó a una amiga, denominada como B., ofreciéndole la oportunidad de viajar a España bajo la promesa de mejorar su situación económica a través de la prostitución. Las condiciones, sin embargo, eran severas: a cambio del traslado, B. debía comprometerse a devolver 3.000 euros una vez en España.
Este esquema afectó igualmente a otras mujeres, identificadas como C., D., E., G., H., J. y L., quienes fueron traídas bajo circunstancias similares. Algunas de ellas ingresaron al país evitando los controles fronterizos a través de Francia y Alemania. A las mujeres no solo se les impuso la deuda a pagar, sino también tarifas elevadas de alojamiento, además de ser obligadas a enviar dinero a los acusados desde locutorios.
Además, se descubrió que el grupo vendía cocaína a sus clientes durante los encuentros sexuales. Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de B. ante las autoridades en diciembre de 2019, lo cual permitió la creación de un programa de asistencia para ella y otras víctimas.
En marzo de 2020, las autoridades llevaron a cabo registros en varios domicilios relacionados con los acusados, hallando una cantidad significativa de cocaína y dinero en efectivo. Esto llevó a la Fiscalía a solicitar penas de prisión severas para todos los implicados, quienes actualmente enfrentan cargos por trata de seres humanos, explotación de la prostitución ajena y delitos contra la salud pública. La suspensión del juicio deja en vilo el desenlace de uno de los casos más alarmantes de explotación y trata en la región.
