El fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz, ha renunciado a su cargo tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La decisión fue comunicada al Gobierno mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, antes de que la sentencia fuese notificada en su totalidad. García Ortiz señaló en su misiva que su renuncia es un gesto de profundo respeto hacia las resoluciones judiciales, reconociendo que ha llegado el momento de abandonar su posición.
La condena hecha pública el jueves pasado, pero cuya redacción aún no se ha completado, incluye además una multa de 7.200 euros. Esta situación abre la posibilidad de que la sanción impacte en su continuidad dentro de la fiscalía de carrera. A pesar de contar con mecanismos legales para intentar prolongar su permanencia en el cargo mientras agotaba las vías judiciales, García Ortiz optó por presentar su dimisión, evitando así un potencial conflicto institucional.
En su carta de dimisión, el exfiscal general enfatizó que su decisión no solo responde a las exigencias del Ministerio Fiscal, sino a las expectativas de la ciudadanía española. Subrayó su servicio fiel a la institución con una clara vocación de servicio público y un sentido del deber. Recordó que su nombramiento resultó de la propuesta del Gobierno en 2022 y agradeció la confianza otorgada, la cual ahora devuelve tras el fallo condenatorio que considera incompatible con su continuidad.
Hasta que el Consejo de Ministros designe un nuevo fiscal general, la jefatura interina del Ministerio Fiscal recaerá en María Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Tribunal Supremo. Este cambio ocurre en un momento sensible, ya que el reemplazo formal adquiere relevancia en medio de la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su acatamiento de la sentencia, aunque ha expresado su desacuerdo con el veredicto. Sánchez subrayó que durante el juicio quedó demostrada, según su opinión, la inocencia de García Ortiz, basada en testimonios periodísticos. El Gobierno contempla vías judiciales alternativas para revisar el fallo en el Tribunal Constitucional, según declaraciones del ministro de Justicia.
La salida de García Ortiz genera un relevo cargado de implicaciones políticas, reavivando el debate sobre la independencia de la Fiscalía y su relación con el Gobierno. La elección de su sucesor será cuidadosamente examinada por la oposición y las asociaciones judiciales, en un contexto de acusaciones de politización de la justicia. El Gobierno tiene como objetivo estabilizar la situación con un nombramiento que restituya la credibilidad de la institución mientras se gestionan las posibles revisiones judiciales de la sentencia.
Estas circunstancias configuran un periodo de transición donde el respeto a las resoluciones judiciales, la defensa política del exfiscal y la premura por recomponer el equilibrio institucional guiarán las decisiones gubernamentales respecto a la Fiscalía General del Estado.
