La cuenta atrás para la implementación de la baliza V16 ha generado una mezcla de confusión y descontento entre los conductores españoles. A partir del 1 de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT) dejará de considerar válidos los triángulos de emergencia tradicionales, lo que ha llevado a muchos conductores a comprar la nueva señal luminosa. Sin embargo, el mensaje desde la DGT ha sido contradictorio: mientras recalcan que no habrá prórrogas y que la fecha de obligatoriedad está definida desde hace tiempo, también afirman que los agentes de tráfico serán flexibles en la aplicación de esta normativa al principio.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que la policía se enfocará en informar y educar antes de sancionar sistemáticamente. Aunque este enfoque puede parecer razonable para evitar una oleada de multas, la tardanza y forma de comunicarlo han suscitado críticas. Muchos conductores sienten que, tras invertir en balizas y servicios asociados, la apelación a la flexibilidad podría resultar en una trampa para aquellos que, ya cumpliendo, ahora cuestionan la seguridad y validez de sus compras.
La falta de una campaña masiva y una comunicación efectiva ha contribuido a la percepción de incertidumbre entre los ciudadanos. En comparación con otras medidas de tráfico con difusión proactiva, la V16 ha aparecido de manera dispersa en distintos medios y plataformas sin una estrategia clara, resultando en un mercado saturado de dispositivos cuya validez para 2026 está en entredicho. Esto ha llevado a preocupaciones sobre posibles fraudes y falta de información clara, además de movimientos ciudadanos pidiendo responsabilidad política si se confirma un fraude masivo.
La baliza V16 no solo representa un cambio de dispositivo en el coche, sino también un gran negocio. Con más de 30 millones de vehículos en España, el potencial de ventas es considerable y abarca no solo la compra del dispositivo, sino también servicios de conectividad y mantenimiento que conectan con la plataforma DGT 3.0. Sin embargo, esta transición ha despertado dudas sobre quién se beneficia realmente del cambio y si el consumidor está suficientemente protegido.
Desde el punto de vista de la seguridad vial, la DGT argumenta que el nuevo sistema mejorará la seguridad en carreteras al evitar que los conductores tengan que descender de sus vehículos en situaciones de emergencia. La V16 se coloca sin necesidad de salir del coche y activa un aviso automático, lo que podría reducir el riesgo de atropellos. Sin embargo, esta mejora enfrenta el reto de asegurar confianza y claridad jurídica, especialmente ante las preocupaciones por la privacidad y seguridad de los datos emitidos por estos dispositivos.
Además, la baliza V16 plantea retos tecnológicos relacionados con su naturaleza como dispositivo IoT. Investigaciones han revelado vulnerabilidades en algunos modelos, lo que siembra dudas sobre la robustez y seguridad del sistema. La cuestión de si se ha aplicado el mismo rigor y exigencia a la seguridad cibernética que a la conformidad normativa persiste entre la opinión pública.
Aunque la flexibilidad inicial en la aplicación de la normativa puede considerarse un acto sensato, esta no sustituye la necesidad de transparencia. Si durante años se permitieron ventas de dispositivos que no cumplirán en 2026, es preciso aclararlo. También es vital abordar cualquier ambigüedad en las comunicaciones y afrontar las preocupaciones de ciberseguridad que rodean a las balizas conectadas.
Al concluir el uso de triángulos el 1 de enero, queda por ver si la DGT y otras instituciones lograrán disipar las sombras que rodean a la V16 y brindar la transparencia que el público exige.
