Toledo, 7 de enero de 2026.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado hoy la orden de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital que establece las normas y procedimientos necesarios para la ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026. Esta medida busca garantizar una adecuada disciplina presupuestaria en la ejecución de las cuentas autonómicas.
La Consejería ha determinado las pautas que permitirán una correcta implementación de los presupuestos, dando continuidad a la senda de desarrollo iniciada en 2015. El objetivo principal es consolidar el Estado del Bienestar y reforzar la cohesión social en la región, contribuyendo al constante impulso de la economía. Se espera que este impulso fortalezca el desarrollo empresarial y el empleo, apoyando especialmente el crecimiento de pymes y autónomos, y enfrentando el desafío demográfico.
El presupuesto del Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page para este año asciende a 12.903 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,5 por ciento respecto al año anterior. Esta cifra permitirá la asignación de 7.555 millones de euros, 3.054 millones más que en 2015, para financiar servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales.
Además, las políticas destinadas a estimular el crecimiento económico y la creación de empleo recibirán 3.232 millones de euros, un 68 por ciento más que en 2015. De esta cantidad, 1.475 millones se canalizarán mediante transferencias a las empresas.
El presupuesto también contempla el impacto del reto demográfico. La Estrategia Regional frente a la Despoblación contará con 2.116 millones de euros, lo que supone un aumento del 23,5 por ciento en comparación con lo asignado en 2023, cuando estas partidas fueron cuantificadas por primera vez.
Se destaca que este presupuesto es compatible con el equilibrio financiero y mantiene un déficit cero, sin incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma. Al mismo tiempo, permite nuevas reducciones fiscales en el ámbito social. Estas desgravaciones se suman a las adoptadas en los últimos diez años, facilitando un ahorro total de 390 millones de euros para los contribuyentes de Castilla-La Mancha en 2026, duplicando así los beneficios fiscales desde 2015.
