La coherencia política y la credibilidad de los compromisos asumidos por los políticos son fundamentales para mantener la confianza de los ciudadanos. Esta premisa, que se remonta a los tiempos de Cicerón en la antigua Roma, establece el principio de que los acuerdos deben cumplirse, subrayando su carácter ético y vinculante. En este contexto, la reciente reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que busca modernizar la norma vigente tras más de cuatro décadas, cobra especial relevancia.
La reforma del Estatuto pretende ajustarse a los tiempos modernos, integrando los aspectos positivos de su predecesor e introduciendo innovaciones orientadas al futuro. Entre sus principales novedades se encuentran la defensa de la igualdad de derechos, el reconocimiento de la era tecnológica, y la garantía de derechos sociales. También aborda la atención a la sanidad, la educación y los mayores, así como la protección del medio ambiente y el impulso económico mediante un modelo de financiación justo. Estos elementos son cruciales para el desarrollo sostenible de la región.
El consenso entre las principales fuerzas políticas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), es esencial para la aprobación de este estatuto. Sin embargo, el PP ha manifestado recientemente sus objeciones respecto a la representación política establecida por la reforma, lo que ha roto el compromiso asumido previamente en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el Congreso de los Diputados. La formación argumenta que la legislación electoral carece de interés ciudadano, aun cuando ajustaron el número de diputados bajo el Gobierno de Cospedal, pasando de 51 a 33. Este argumento ignora la importancia de una legislación electoral adecuada para el funcionamiento democrático y la representación justa de los partidos con significativo respaldo en votos.
La ruptura del consenso con el argumento de que «más políticos no interesan a la ciudadanía» subestima la relevancia del Estatuto de Autonomía y de una legislación electoral flexible, que permite una representación genuina con un rango de entre 25 y 55 diputados en las Cortes regionales. Es preocupante observar cómo el PP cede a la influencia de partidos como VOX, que cuestionan las bases democráticas y justas de representación política. Esta posición minimiza el beneficio histórico que Castilla-La Mancha ha logrado al mejorar su cohesión social y ofrecer un futuro prometedor a una región que ha enfrentado olvido y pobreza.
El líder regional del PP, Paco Núñez, evidencia una falta de autonomía y un notable temor al avance de VOX, mostrando una incapacidad para defender principios democráticos frente a la extrema derecha. Un partido carente de liderazgo y dominado por el miedo al «otro» no se presenta como una alternativa viable, repitiendo lecciones que la historia ha enseñado sobre el peligro de ceder a presiones extremas.
Resulta imperativo que, en beneficio del pueblo castellano-manchego y el adecuado funcionamiento de sus instituciones, se restablezca el consenso en torno al Estatuto de Autonomía, garantizando así un futuro próspero basado en la unidad y el acuerdo político esencial.
