El cierre de la central nuclear de Almaraz, programado para comenzar en 2027, ha trascendido las fronteras españolas y se debate ahora en el Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones de este organismo ha expresado su preocupación por las repercusiones del apagado de la instalación en Extremadura y, en un documento que recoge recomendaciones tras su visita a la región, ha sugerido reevaluar esa decisión. Aunque el documento no obliga al Gobierno español a revisar su posición, sí intensifica la presión política sobre un calendario que antes parecía inamovible.
Las fechas de cierre para las dos unidades de Almaraz están claramente delimitadas por el Consejo de Seguridad Nuclear: la primera unidad cierra el 1 de noviembre de 2027 y la segunda el 31 de octubre de 2028. No obstante, el Consejo ya ha recibido una solicitud que busca extender la operación de ambas unidades hasta junio de 2030. Este esfuerzo de las empresas propietarias no ha pasado desapercibido y ha provocado un acalorado debate tanto en Bruselas como en la política local de Extremadura. Tras una visita en febrero de 2026, eurodiputados concluyeron que el cierre no es solo un asunto energético, sino también territorial, económico y social, especialmente en una región con dificultades estructurales. Han pedido, de manera explícita, revertir el cierre para asegurar la estabilidad de la red.
Desde una perspectiva política europea, el borrador señala que la energía nuclear es vista como una actividad transitoria válida para mitigar el cambio climático, sugiriendo que el calendario original podría no ser apropiado en el contexto actual, caracterizado por una intermitencia de las fuentes renovables y falta de almacenamiento.
En el ámbito local, Almaraz es un pilar económico y de empleo en Extremadura, factores que han motivado la intervención de Bruselas. La misión europea advirtió que cerrar la instalación podría provocar riesgos demográficos y económicos, abogando por una diversificación económica que apoye una transición energética justa. Esta preocupación ha galvanizado una plataforma ciudadana que ha llevado el asunto hasta la Eurocámara, logrando así internacionalizar el debate.
La política regional en Extremadura también ha experimentado cambios significativos. El nuevo pacto de gobierno entre el PP y Vox tiene como parte de su acuerdo el objetivo de asegurar la continuidad de Almaraz, además de la reducción progresiva de la ecotasa autonómica que grava su producción energética. Este acuerdo convierte la continuidad de Almaraz en un compromiso político más allá del mero interés local o empresarial.
Con todos estos desarrollos, el plan inicialmente acordado en 2019 para cerrar la central nuclear de Almaraz ya no parece definitivo. La solicitud de prórroga, junto con la presión de Bruselas y el reciente acuerdo político regional, mantienen el debate muy vigente y abierto. Mientras tanto, el Gobierno español no ha modificado oficialmente el calendario. Sin embargo, diversas presiones y actores, tanto nacionales como europeos, continúan complicando una decisión que, hace escasos meses, parecía un simple trámite administrativo.
