Aunque en el siglo XIX las ideas que se fueron extendiendo en el pensamientos social, económico y político de España (representado en las Cortes Liberales de Cádiz de 1812) pretendían establecer un impuesto único denominado «Única Contribución» que gravase al ciudadano en función de la riqueza, la realidad es que el sistema impositivo español se mantuvo manteniendo unas estructuras prácticamente medievales. La presión fiscal era enorme destacando, entre otros, impuestos como «La Alcabala» (un impuesto sobre las compraventas y cambios y por tanto indirecto sobre el consumo), los «Millones o Consumos», (impuesto indirecto sobre el consumo que grava el vino, aceite, vinagre y carne), las “Regalías” (impuesto sobre la acuñación de moneda), las “Siete rentillas” (impuesto sobre la pólvora, plomo, azufre, almagre, bermellón, lacre y naipes), el de “Medias Annatas”, (designado para costear a una dignidad u oficio público –eclesiásticos, militares, letrados, etc.), la “Contribución de paja y utensilios” (con la finalidad de equipar y abastecer a las tropas)….
Además a todos estos impuestos ordinarios había que sumar los de carácter extraordinario, que surgían por diferentes motivos. Debido a esta agobiante presión fiscal no era de extrañar que se produjesen continuamente conatos de desobediencia civil a la Hacienda Pública.
En un “anecdorario” anterior ya vimos el reparto que correspondió a los pueblos del Campo de San Juan para el pago a los Diputados a Cortes de la provincia de Ciudad Real (a Herencia, en 1820, le correspondió aportar 498 reales de vellón).
Otro ejemplo de una de las contribuciones especiales que subyugaban al pueblo, la podemos observar en el mes de diciembre de 1834 cuando desde el Gobierno Civil de Ciudad Real se manifiesta que “los gastos de escritorio y correo, sueldos del secretario y escribiente de la junta provincial de sanidad, se satisfagan de los fondos de propios”. Las juntas provinciales de Sanidad habían sido establecidas por el rey Fernando VII.
En el Boletín Oficial de la Provincia del momento se desglose el detalle de las cuantías a realizar.
Así, desde el gobierno provincial se insta al pago de los 4955 reales que suma la deuda por los motivos anteriores (desde junio a diciembre de 1834) entre los diferentes pueblos de la provincia. El desglose de los gastos que suman la cantidad anterior fue el siguiente:
Sueldos del secretario: 2388 reales. Sueldos del escribiente: 1592 reales. Gastos varios de secretaría: 975 reales. |
Por si fuese poco, se aprovecha la ocasión para cargar también entre los pueblos de la provincia un gasto de 3338,10 reales que pagó la tesorería del gobierno civil por diferentes conceptos y que “es forzoso reintegrar”. Así, el total que debían reunir entre todos los pueblos sería de 8.293,10 reales.
Hecho el reparto entre los diferentes partidos judiciales de la provincia, las cantidades quedaron de la siguiente manera:
Partido de Ciudad Real: 1055,20 reales.
Partido de Almagro: 488,26 reales.
Partido de Almodóvar: 466,34 reales.
Partido de Infantes: 882,68 reales.
Partido de Almadén: 1020,92 reales.
Partido de Manzanares: 982,11 reales.
Partido de Piedrabuena: 497,83 reales.
Partido de Valdepeñas: 648,21 reales.
Partido de Alcázar de San Juan: 2251,73 reales.
Como vemos, el Partido de Alcázar de San Juan (al que pertenece Herencia) fue el más gravado por este impuesto, entre otras razones porque en él se incluyó la localidad albaceteña de Villarrobledo (con casi 500 reales) que también debía hacer su aportación por el tributo que nos ocupa.
Las maltrechas arcas municipales de Herencia tuvieron que pagar 281,21 reales; siendo la quinta localidad de la provincia por la cuantía de lo aportado (tras la capital ciudarrealeña, Almadén, Miguelturra y la propia Alcázar de San Juan).
Ciertamente no debería andar muy boyante la Hacienda de su Majestad, bastante menos la provincial, pero menos la Municipal que se veía en la necesidad de recaudar para aquéllas y además establecer año tras año una serie de recargos sobre los impuestos a fin de solventar el déficit presupuestario municipal, y mucho menos la de la población que veía cómo cada vez con mayor virulencia se gravaban los artículos básicos de consumo y las cosechas, que en algunos años fueron prácticamente inexistentes, causando periodos de escasez que provocaron que, en ocasiones, los propios alcaldes no presentaran las cuentas municipales e incumplieran pagos impositivos.
