La Consejería de Bienestar Social ha mostrado su disposición a revisar la Orden que regula el Concierto Social destinado a la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y la ejecución de medidas judiciales. Así lo comunicaron Ana Delgado, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, y Antonio Romero, responsable de Sectores Socioeducativos de la misma federación, acompañados por el secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa. La declaración se realizó tras una reunión con la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, y la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello.
Delgado expresó la esperanza de que la Consejería anuncie pronto una modificación de la Orden. Señaló que no quieren verse obligados a movilizar al sector, una acción que consideran complicada. Romero, por su parte, subrayó que la Orden, publicada recientemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no menciona el convenio colectivo sectorial aplicable, específicamente el IV Convenio General Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, ni incluye cláusulas para la revisión de precios que aseguren futuras subidas salariales.
El representante de Sectores Socioeducativos alertó que el concierto, con una duración inicial de cuatro años y ampliable a seis más, podría congelar las retribuciones de las entidades y empleados durante una década. Esta situación ya ha llevado a algunas entidades a informar a sus trabajadores de la posible discontinuidad en los servicios gestionados en centros de menores.
El impacto se siente principalmente entre las trabajadoras, dado que el sector está ampliamente feminizado. La falta de referencia al convenio colectivo y la ausencia de cláusulas de subrogación dejan a estos trabajadores en una situación de vulnerabilidad. Romero mostró su descontento por la inclusión de estos aspectos sin previa consulta a los sectores implicados.
Además, Romero criticó que con la publicación de la Orden se ha ignorado la tutela del Tribunal Especial de Contratación Pública, lo que limita las opciones legales a un recurso ante la Consejería y, eventualmente, un contencioso-administrativo que podría extenderse durante años.
De la Rosa calificó de «insensible» la postura de la consejera hacia los trabajadores del sector, recordando que las ONGs que brindan estos servicios también tienen responsabilidades similares a las de las empresas mercantiles. Lamentó la falta de consideración hacia aquellos que desempeñan funciones públicas.
El dirigente regional de CCOO reafirmó que, a pesar de las afirmaciones de José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector, sobre la naturaleza de las ONGs, éstas deben ser tratadas como empresas con las correspondientes obligaciones hacia sus empleados y la administración pública.
