El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su respaldo absoluto al presidente regional, Emiliano García-Page, enfatizando que su labor se enmarca dentro de la «coherencia, respeto y lealtad» tanto hacia el PSOE como hacia la comunidad a la que representa. Esther Padilla, la consejera portavoz del Gobierno, ha subrayado que García-Page «no necesita indicaciones de cómo actuar» y que seguirá expresando sus opiniones de manera abierta y directa.
Estas declaraciones llegan en respuesta a las críticas proferidas por la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien había acusado a García-Page de mostrar victimismo y de generar conflictos entre compañeros socialistas por sus críticas públicas hacia situaciones en otras comunidades gobernadas por el PSOE.
Padilla ha defendido enérgicamente la postura del presidente regional, argumentando que su manera de proceder se debe a su «absoluta lealtad» al partido y a Castilla-La Mancha, región que se comprometió a defender. Según Padilla, las preocupaciones de García-Page surgen, en particular, con respecto a ciertos acuerdos que, en su opinión, podrían perjudicar los intereses de la región, como en el caso de la financiación catalana.
Durante su intervención, la portavoz del Gobierno regional también aludió a los recientes comentarios de Sílvia Paneque, portavoz de la Generalitat, quien había afirmado que la hoja de ruta del Govern con el Gobierno español está «muy bien definida» en los acuerdos con ERC. Padilla disputó esta afirmación, resaltando que la Generalitat no puede hablar en nombre del PSOE y subrayó que el pacto alcanzado en el Congreso por el PSOE respecto a la financiación autonómica es «incompatible» con el acuerdo de Esquerra. Afirmó, además, que la posición aprobada por el PSOE está completamente alineada con la postura de Castilla-La Mancha, contando con el respaldo de todas las federaciones del partido.
Este intercambio de reproches y defensas refleja las tensiones internas dentro del partido socialista a nivel nacional, con preocupaciones específicas en diferentes comunidades autónomas en torno a la distribución de recursos y la armonización de políticas a nivel estatal y regional. En este contexto, la firme posición del Gobierno de Castilla-La Mancha y de su presidente subraya la importancia de debatir abiertamente las cuestiones que afectan directamente a cada comunidad.
