El juicio contra Víctor San Vidal, exalcalde de Fontanar, y sus cuatro coacusados ha sido clausurado tras una semana de intenso escrutinio en la Audiencia Provincial de Guadalajara. En una declaración final emotiva y firme, San Vidal defendió su inocencia, enfatizando que siempre ha asumido sus errores del pasado, pero que en esta ocasión no se considera culpable de las acusaciones que enfrenta. El juicio ha quedado ahora visto para sentencia.
El caso ha contado con la presencia de alrededor de 40 testigos y una amplia variedad de pruebas documentales y periciales que han sido presentadas. La Fiscalía ha mantenido su solicitud de una pena de 10 años de prisión para San Vidal, acusándolo de administración desleal, falsedad documental y prevaricación, excluyendo el cargo de malversación. Para los otros cuatro acusados, entre ellos la secretaria-interventora A.M.C.C. y el director del Centro de Formación y Vivero de Empresas A.V.R., las penas propuestas oscilan entre dos años y medio y cinco años.
Durante el último día del juicio, se permitieron las declaraciones finales de los acusados. La secretaria-interventora defendió vehementemente su carrera profesional, afirmando que siempre actuó con lealtad y buena fe, y negó haber elaborado certificaciones falsas. De igual manera, el jefe de Protección Civil M.C.J. y su madre M.A.J.B. alegaron su inocencia, al igual que el responsable de los cursos, quien habló de su trayectoria impecable de 25 años.
La fiscal Rocío Rojo, durante sus argumentos, presentó el caso de la acusación subrayando la conducta abusiva del exalcalde, describiendo un escenario en el que San Vidal se situaba por encima de la ley. Rojo detalló un patrón de irregularidades, incluyendo el cobro de comisiones de empresas por anuncios y la duplicación de facturas, sugiriendo un plan concebido para obtener beneficios personales.
La acusación particular, por parte de Izquierda Unida, coincidió con la Fiscalía, destacando la valentía de quienes denunciaron los hechos y subrayando un supuesto sistema corrupto instaurado que abarcaba la gestión opaca del dinero en efectivo, presuntamente bajo el control exclusivo del exalcalde.
En el lado opuesto, la defensa de San Vidal pidió la absolución, afirmando que las pruebas eran insuficientes y denunciando lo que describen como una persecución política en contra de su cliente. La complicada trama de alegaciones e intereses ha generado un considerable interés público, dejando ahora las decisiones en manos del tribunal, que dictaminará el destino de los acusados en este polémico caso.
