Este miércoles arranca en la Audiencia Provincial de Cuenca un juicio que ha captado la atención mediática y social debido a la naturaleza de los delitos que se juzgan. El acusado, T.M.C., es un exprofesor de religión que enfrenta cargos por agresión sexual continuada a una menor, hechos que, según la Fiscalía, ocurrieron en 2016. A raíz de estos graves delitos, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de hasta doce años de prisión.
Los hechos habrían sucedido cuando T.M.C. desarrollaba una relación cercana con la joven no solo en su papel de docente, sino también a través de actividades en la parroquia. Según la acusación, el profesor inició una comunicación manipuladora con la menor por medio de WhatsApp, donde enviaba mensajes inapropiados con contenido sentimental y ofrecimientos de encuentros privados, pese a las claras muestras de incomodidad de la joven. La situación culminó el 14 de mayo de 2016, cuando el acusado logró encontrar a la menor en los salones parroquiales durante la organización de un evento religioso, momento en que presuntamente la agredió sexualmente.
El patrón de abusos descrito por la Fiscalía no terminó ahí. El 21 de junio del mismo año, el profesor cerró la puerta de su despacho y, según se ha denunciado, se abalanzó sobre la joven, sometiéndola a una situación de presión tal que no pudo defenderse. Estos comportamientos se repitieron en otras cuatro ocasiones, creando un ambiente de manipulación que afectó gravemente la salud mental de la menor, evidenciándose en síntomas de ansiedad, depresión y pesadillas recurrentes.
La Fiscalía solicita una condena de doce años de prisión para T.M.C., además de su inhabilitación durante veinte años para trabajar con menores, la imposición de una orden de alejamiento de al menos catorce años respecto a la víctima, y el sometimiento a seis años de libertad vigilada tras la condena. Asimismo, se ha solicitado una indemnización de 100.000 euros, que, de acuerdo con la acusación, deberían ser asumidos subsidiariamente por la Junta de Comunidades y el Obispado de Cuenca.
Este caso, que llega ahora a juicio, destaca la gravedad y el impacto de los delitos sexuales cometidos en entornos educativos. Además, resalta la importancia primordial de establecer mecanismos de protección efectiva para los menores frente a potenciales abusos de poder, remarcando que la seguridad y el bienestar de los niños debe ser una prioridad absoluta para las instituciones educativas y religiosas.
