El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la modernización de su sistema de abastecimiento de agua, con la aprobación en el Consejo de Gobierno del inicio de los procedimientos necesarios para permitir que empresas privadas gestionen las obras de ampliación y mejora de las infraestructuras de agua potable. Esta decisión se aplicará a cuatro sistemas específicos: Picadas-Almoguera, Girasol y Algodor, y marca un hito como la primera vez que se incluye de manera formal la iniciativa privada en el abastecimiento de agua potable en la región.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó la situación actual de estos sistemas, destacando que en todos ellos existe solo un punto de toma de agua bruta. Esta agua se convierte en potable en las plantas potabilizadoras, pero si este punto sufriera algún daño, no habría alternativas de abastecimiento disponibles. Esta fragilidad subraya la necesidad urgente de inversiones para mejorar la resiliencia de los sistemas de suministro, que atienden tanto a un gran número de ciudadanos como a desarrollos industriales.
El proyecto requiere una inversión de más de 100 millones de euros, y se han identificado al menos 85 acciones necesarias para asegurar un mantenimiento adecuado y fortalecer la infraestructura. Gómez aclaró que el proceso no implica una privatización del servicio, sino una «concesión administrativa» similar a las aplicadas en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), donde aunque el servicio sea externalizado, sigue siendo de carácter público.
Se espera que el proceso de recopilación de informes necesarios para proceder con las concesiones tarde entre 18 y 24 meses. Gómez aseguró que, aunque las empresas privadas estarán encargadas de las obras, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá un rol supervisor para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos, implementando controles y sanciones ante cualquier incumplimiento.
La consejera también destacó la importancia de esta colaboración público-privada, señalando que la capacidad financiera de los municipios para acometer tales inversiones es limitada. La Junta actuará como intermediaria, buscando las fórmulas adecuadas para facilitar estas inversiones.
Además de la decisión de incluir la iniciativa privada, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación de un servicio de operación, mantenimiento y conservación de los sistemas de abastecimiento, con un contrato valorado en 42 millones de euros por un período inicial de dos años, prorrogable por otros dos más. Paralelamente, se ha aprobado un presupuesto de diez millones de euros para el suministro de energía renovable mediante instalaciones de paneles fotovoltaicos. Este enfoque, que separa el contrato de suministro de energía de los de mantenimiento y gestión ordinarios, introduce un aspecto innovador en la planificación de estos servicios.
En conclusión, la iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha para integrar a empresas privadas en la gestión de su sistema de abastecimiento de agua representa un cambio estratégico, con el objetivo de optimizar la eficiencia y garantizar un servicio estable y de calidad para los ciudadanos de la región.