Las principales asociaciones de jueces y fiscales de perfil no progresista han decidido mantener la huelga prevista para principios de julio, a pesar de la advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la falta de sustento normativo para esta acción. La convocatoria, que busca manifestar su rechazo a las recientes reformas del Gobierno en el acceso a las carreras judiciales y a la Fiscalía, se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de julio.
En un comunicado enviado a jueces y fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han reafirmado su decisión tras el pleno extraordinario del CGPJ. Este órgano, junto al Ministerio de Justicia, determinó que el derecho a huelga para los jueces carece de base normativa y, por lo tanto, la convocatoria no es procedente.
A pesar de esta decisión, se ha informado que no habrá sanciones disciplinarias para los participantes en la huelga, aunque el Ministerio de Justicia descontará el salario correspondiente a los días no trabajados. Las asociaciones defienden que el derecho a huelga es esencial y está protegido por la Constitución Española, argumentando que la falta de normativa específica no debería impedir su ejercicio.
Las organizaciones destacan que cada juez o fiscal tiene el derecho individual a hacer huelga sin necesidad de avisar con antelación. Además, advierten que cualquier intento por parte del empleador de obstaculizar la huelga sería considerado una infracción grave. Para coordinar la participación, el Comité de Huelga ha facilitado medios para que los interesados comuniquen su decisión de apoyar la huelga de forma confidencial.
En ausencia de servicios mínimos oficiales, el Comité de Huelga ha implementado medidas para asegurar que las necesidades ciudadanas sean atendidas, respetando al mismo tiempo el derecho a huelga. Las asociaciones han afirmado que la participación tendría una pérdida retributiva proporcional y han mencionado que tras los tres días evaluarán los resultados y decidirán sobre posibles acciones futuras, dependiendo de la respuesta del Gobierno y el avance de las reformas.
Finalmente, las asociaciones subrayan la importancia de defender una justicia independiente y profesional y agradecen a sus miembros por su unidad y compromiso en este momento crítico para el futuro del Estado de Derecho.
