Un total de 13.288 alegaciones se han presentado al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 ante la Consejería de Desarrollo Sostenible. Estas alegaciones han sido recogidas por plataformas vecinales contrarias a las macroplantas de biogás y macrogranjas. El periodo para presentar estas alegaciones comenzó el pasado 18 de junio, con la apertura de la consulta pública de la Evaluación Ambiental Estratégica del plan, y concluyó la semana pasada. Este plan propone la construcción de entre 113 y 280 instalaciones de biogás-biometano distribuidas por toda la región.
Según datos de la Junta de Castilla-La Mancha, actualmente hay más de 50 proyectos de biogás y biometano en tramitación en las cinco provincias. Esta situación ha impulsado la creación de aproximadamente 20 colectivos vecinales que se oponen a un modelo basado en macroplantas. Estos colectivos consideran que dicho modelo está «orientado a favorecer los intereses de las empresas del sector y maximizar sus beneficios, mientras desatiende los impactos ambientales y los riesgos para la salud pública de las poblaciones cercanas».
Además, la elaboración y evaluación ambiental del plan fueron adjudicadas directamente por la Junta a Biovic Consulting, una empresa dedicada al desarrollo de plantas de biogás, lo que ha generado suspicacias entre los opositores.
Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consultada durante el periodo de alegaciones, ha criticado varios apartados del Plan y de su Evaluación Ambiental Estratégica. La Consejería de Sanidad reclama que no hay referencias a aspectos sanitarios en el Plan, señalando la ausencia de detalles sobre el riesgo de contaminación de los acuíferos y el escape de gases que pueden causar problemas respiratorios y pulmonares.
Las plataformas vecinales sostienen que el Plan impulsa un modelo de planta de biogás de grandes dimensiones, con altos impactos sociales y ambientales, que prioriza la rentabilidad económica sobre un modelo más sostenible de pequeñas plantas. Argumentan que este enfoque profundizará los desequilibrios territoriales, tendrá una contribución nula a la descarbonización y mitigación del cambio climático y no generará empleo significativo en áreas rurales.
Adicionalmente, critican el tamaño promedio de las plantas propuestas, que supera las 150.000 toneladas, muchas alcanzando las 200.000 y 300.000 toneladas, lo que consideran excesivo y diseñado únicamente para beneficiar económicamente a las energéticas y fondos de inversión. Estas cifras son significativamente superiores al modelo común en países como Alemania.
Temen que estas plantas provoquen un efecto llamada para la instalación de más macrogranjas, además de causar molestias a la población local y riesgos ambientales. Como ejemplo, citan la planta de Lluxent en Valencia, donde el ayuntamiento se ha unido a las protestas por los malos olores y otros incidentes.
Las plataformas también desconfían de las expectativas de empleo e inversión y se oponen al uso directo del digestato, subproducto de las plantas de biogás, en los campos sin tratamiento previo. Finalmente, critican la relación entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la industria del biogás y la falta de consideración de las repercusiones sanitarias, generando alarma en la Consejería de Sanidad.
