El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al ambicioso Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026, con una cifra que alcanza los 12.903 millones de euros. Este importante incremento del 1,5% con respecto al año anterior subraya el compromiso del Ejecutivo autonómico con las necesidades de sus ciudadanos y el desarrollo integral de la región, según destacó el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la presentación de la propuesta.
El documento, que ya ha sido registrado en las Cortes regionales para iniciar su proceso de tramitación, contempla un gasto no financiero de 10.777 millones de euros, excluyendo los fondos extraordinarios como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto supone un crecimiento del 7,2% y un aumento de más de 720 millones respecto al ejercicio actual, reflejando el compromiso del Gobierno en atender las demandas de la población.
Durante la comparecencia, Ruiz Molina resaltó que estos presupuestos se han diseñado en un contexto de «normalidad y estabilidad» dentro de la región, a pesar de la incertidumbre a nivel nacional causada por la ausencia de presupuestos generales. El objetivo principal de estas cuentas es elevar la calidad de vida de los castellano-manchegos, continuando el progreso iniciado desde 2015. La valoración positiva de agencias de calificación como Fitch y Moody’s, que han elevado la nota crediticia de la región, resalta la gestión económica eficaz de los últimos años.
Las prioridades del presupuesto se centran en el gasto social, con una partida de 7.555 millones de euros, que marca un incremento notable desde 2015. De esta manera, se destina el 72% del gasto no financiero a sectores esenciales como sanidad, educación y servicios sociales. En el ámbito sanitario, se superarán los 4.000 millones por primera vez, lo que permitirá expandir plantillas y mejorar infraestructuras.
El área de educación recibirá 2.500 millones, reflejando un aumento del 68% desde 2015, lo que facilitará la mejora de las ratios en las aulas y el impulso a la formación profesional. En cuanto a los servicios sociales, el presupuesto supera los 1.000 millones, incrementando los recursos disponibles para personas mayores y con discapacidad.
El desarrollo económico también es una pieza clave con una asignación de 3.232 millones, lo que representa un aumento del 68% respecto a 2015, apuntando a estimular el empleo y modernizar el tejido productivo. Asimismo, el reto demográfico recibe atención con un incremento en sus recursos a 2.116 millones, evidenciando el compromiso del Gobierno en el combate contra la despoblación.
Además, Ruiz Molina se refirió a que el 68% de los ingresos no financieros proviene del sistema de financiación autonómica, destacando la importancia de mantener la presión fiscal congelada y ofrecer desgravaciones que beneficien a todos los ciudadanos.
Este proyecto de presupuestos busca ser un modelo de transparencia y responsabilidad, orientado a mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, consolidando un desarrollo sostenible y equitativo en toda la región.
