En Castilla-La Mancha, una situación preocupante afecta a alrededor de 131.000 empleados y empleadas del sector público, quienes han experimentado una notable pérdida del poder adquisitivo, cifrada en un 20 %. Este problema ha sido denunciado por sindicatos destacados como UGT, CCOO y CSIF, quienes expresan su inquietud por el impacto que esto tiene en la calidad de los servicios públicos en la región.
La crisis en el sector público se ve agravada por el envejecimiento de las plantillas y la amortización de plazas, lo que contribuye a la precarización laboral. Estos problemas, sumados a un proceso de acceso a la función pública descrito como lento y burocrático, han generado desafíos significativos para mantener la eficacia de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
La falta de renovación en el personal y las dificultades para cubrir vacantes han debilitado la capacidad de prestar servicios de alta calidad, una situación que preocupa cada vez más a los habitantes de la región. El personal envejecido enfrenta dificultades para implementar necesarias mejoras y adaptaciones a las demandas sociales actuales, lo cual ha llevado a un aumento del descontento entre los trabajadores.
El estancamiento salarial y las condiciones laborales han incrementado la presión sobre el gobierno regional, que se ve urgido a encontrar soluciones efectivas y sostenibles. Los sindicatos llaman a un esfuerzo conjunto de diálogo y colaboración entre todas las partes implicadas para revitalizar el sector público en Castilla-La Mancha.
La búsqueda de medidas que aseguren una adecuada calidad en los servicios se presenta como una necesidad urgente, mientras las voces de quienes conforman este sector y de aquellos que se benefician de sus servicios claman por cambios estructurales y mejoras reales en el sistema.
