El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su firme postura respecto al manejo del trasvase Tajo-Segura, tras recibir una carta de los presidentes de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, y el sindicato central de regantes del acueducto, en la que solicitan a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantener el trasvase y oponerse a la implementación de caudales ecológicos.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, calificó la misiva de «indignante», subrayando que piden al Ministerio que cometa una ilegalidad al no respetar el Real Decreto de 2023 sobre planes hidrológicos. Gómez defendió la necesidad de cambiar las reglas de explotación del trasvase, enfatizando que las sentencias judiciales avalan una gestión del agua que considere el cambio climático y priorice el abastecimiento humano.
La aprobación de un nuevo triple trasvase de 81 hm³ para los próximos meses fue valorada por Gómez, quien señaló que, pese a las averías del acueducto, la cantidad de agua trasvasada superará la media anual. A pesar de este trasvase, las lluvias en Levante y la capacidad de desalación deben, según Gómez, permitir reducir la dependencia del trasvase para el regadío.
Gómez enfatizó que el Gobierno regional se compromete a no permitir la dilapidación del recurso hidráulico, trabajando con el Estado pero desde una postura firme. Criticó que la revisión de las reglas de explotación se haya pospuesto hasta 2027, contraviniendo el mandato del Real Decreto.
La consejera también señaló la influencia del lobby agroalimentario del Levante, que se beneficia del bajo coste del agua trasvasada frente a la desalada. Gómez advirtió que, sin un pago equitativo por el recurso, la situación seguirá siendo insostenible e injustificable.
