En un ambiente de creciente tensión política, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su rotunda oposición al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda. En un comunicado realizado durante una rueda de prensa en Toledo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, criticó fuertemente la propuesta, argumentando que perpetúa las desigualdades económicas entre las comunidades autónomas y favorece particularmente a Cataluña.
Ruiz Molina destacó que, según las estimaciones disponibles, Castilla-La Mancha continuará siendo financiada por debajo de la media nacional. Esta situación, aseguró, no ha cambiado con la nueva propuesta, la cual parece beneficiar desproporcionadamente a Cataluña, supuestamente a expensas de otras regiones. El consejero denunció que, de hecho, mientras Cataluña se ve claramente favorecida, el resto de las comunidades se encuentra en desventaja. “Si bien Cataluña sale muy bien parada, es a costa del resto de las comunidades”, remarcó durante su intervención.
Otra de las críticas dirigidas al Ministerio se centra en la falta de transparencia sobre los detalles de la propuesta. Ruiz Molina señaló que la valoración de Castilla-La Mancha se basa en información preliminar proveniente de resúmenes de prensa y declaraciones públicas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que ha impedido un análisis exhaustivo y preciso.
Según el consejero, el modelo fue diseñado mediante negociaciones exclusivas con los independentistas catalanes, lo cual, a su juicio, no representa el interés general de todas las comunidades autónomas. Ruiz Molina argumentó que si la propuesta hubiera incluido aportes de Castilla-La Mancha, se habrían considerado las necesidades específicas de la región.
En cuanto a su valoración del modelo, Ruiz Molina lo calificó como una “metodología para trocear la riqueza nacional”, en vez de asegurar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los servicios autonómicos. “Es un modelo regresivo que consagra el principio de ordinalidad, favoreciendo a quienes tienen mayor capacidad tributaria en detrimento de aquellos con menos capacidad”, afirmó.
El principio de ordinalidad al que hace referencia el consejero implica que las comunidades con mayor capacidad económica recibirán más recursos, incrementando así la brecha en la prestación de servicios públicos entre regiones. Esta distribución desigual fomenta una situación de desventaja para las comunidades con menor capacidad tributaria, según denunció.
Ruiz Molina también criticó que el modelo reduzca la solidaridad interregional al concentrar más recursos en territorios con mayor renta per cápita, lo cual contribuye a las desigualdades y contradice el principio de igualdad que debe imperar en la financiación autonómica. “La idea es que todas las comunidades autónomas puedan prestar servicios públicos en condiciones de igualdad, independientemente de su capacidad económica”, concluyó, calificando el modelo como “claramente regresivo”.
La postura del Gobierno de Castilla-La Mancha es un llamado a la búsqueda de un sistema de financiación más justo y equitativo. Se prevé que las próximas semanas serán clave en el debate sobre esta controvertida propuesta que afecta a todas las comunidades autónomas.
