En Toledo se ha llevado a cabo una importante reunión bajo la presidencia de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, con el objetivo de abordar la nueva planificación hidrológica para el período 2028-2033. Este encuentro se ha catalogado como crucial para el futuro del regadío en la región, ya que la gestión del agua es esencial para la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria local.
Han participado diversos representantes del sector agrario, comunidades de regantes y la administración regional. Entre ellos, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, y el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, además de delegados de comunidades de regantes y asociaciones agrarias.
Durante la reunión, las preocupaciones del sector estuvieron en primer plano. Los asistentes manifestaron inquietudes sobre el endurecimiento de las condiciones del uso de agua para riego, la incertidumbre en las dotaciones y concesiones, y la urgencia de una planificación fundamentada en datos reales. Se pidió diferenciar la gestión del agua para evitar recortes homogeneizados que ignoren las características de cada cuenca.
Martínez Lizán resaltó la importancia de defender un modelo de regadío social, productivo y sostenible, señalando que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad de España en superficie de regadío, además de ser una de las más eficientes. Un 70% de los regadíos en la región emplean sistemas de riego localizado, optimizando así el uso del agua.
Las discusiones se centraron principalmente en la Cuenca del Segura y la Cuenca del Júcar, afectando directamente a la provincia de Albacete. En el caso del Segura, se evidenció la desigual distribución del agua; a pesar de representar el 25% de la superficie de la cuenca, Albacete solo recibe el 10% del agua disponible. Esta circunstancia pone en peligro las actividades agrarias y la sostenibilidad de los municipios vinculados a la cuenca. Además, los regantes buscan diferenciar el regadío de apoyo para cultivos leñosos y revisar la información sobre las masas de agua.
Por otro lado, la Cuenca del Júcar es estratégica ya que el 71% de su superficie pertenece a Castilla-La Mancha. No obstante, hay preocupación por posibles recortes del 35% en las concesiones y la necesidad de una gestión equilibrada ante el aumento del consumo en áreas costeras.
Los representantes territoriales coincidieron en la necesidad de establecer reglas claras y promover una verdadera cogestión entre las administraciones y los regantes. También abordaron la mejora de las infraestructuras hídricas y la seguridad del acuífero mediante inversiones.
Ante los desafíos de la Directiva Marco del Agua, el gobierno regional está evaluando respuestas jurídicas y administrativas adecuadas. El consejero de Agricultura insistió en la defensa de una normativa que no comprometa la viabilidad del medio rural. El proceso de alegaciones sigue abierto, con la participación activa de los actores implicados en la gestión del agua.
